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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Eivissa: los ayuntamientos ponen freno a la constitución de un consorcio común de disciplina urbanística

(Diario de Ibiza, 2/02/2009)

El Consell ya ha planteado a los municipios la centralización del servicio de inspección urbanística, pero éstos se muestran «celosos» de esta competencia. No ven nada claro la cuestión económica del nuevo organismo

Desde hace casi tres años Menorca cuenta con un consorcio de disciplina urbanística insular, Mallorca ya ha dado el primer paso para crear un organismo igual, pero en Eivissa, por ahora, los ayuntamientos no tienen ningún interés en hacerlo. El Consell ya ha planteado esta iniciativa en varias ocasiones, pero los municipios son «celosos» de sus competencias, tanto de «las buenas como las malas». La cuestión económica (el destino de las sanciones económicas y el coste del personal) es una cuestión que el Consell aún no ha definido y que preocupa a los ayuntamientos. Es más, los consistorios trabajan por su cuenta para mejorar su servicio.

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ. Los ayuntamientos de Eivissa se muestran reacios a ceder las competencias de disciplina urbanística al Consell para crear un servicio de inspección y tramitación de los expedientes de infracción común en toda la isla a través de un consorcio. El conseller insular de Política Territorial, Miquel Ramon, asegura que ya se ha planteado esta posibilidad a los representantes municipales en distintas reuniones e incluso en un Consell de Alcaldes, y que, de momento, los ayuntamientos no lo ven nada claro. «Me lo tomo con cierta tranquilidad porque la gente es muy celosa a ceder competencias», dice.

Ramon asegura entender las reticencias de los municipios a desprenderse de esta competencia, pero destaca que el sistema actual es «horroroso». «Intento hacerles ver [a los ayuntamientos] si realmente están satisfechos», afirma, para agregar acto seguido: «El Consell tiene una competencia última pero con muchas dificultades para ejercerla. Cuando llega una denuncia al Consell, ya sea por un particular o un celador, tenemos que dirigirnos al ayuntamiento respectivo, preguntar si ya han abierto algún expediente y en caso de que no sea así, hacer un seguimiento para poder subrrogarnos. Al final se tramita una cantidad de papeles impresionante y se consigue poca efectividad».

El Consell no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta concreta sobre cómo podría funcionar este consorcio. Los representantes de los ayuntamientos ya han transmitido al conseller que no ven nada claro la cuestión económica de este órgano, según explica Ramon. En este sentido, el conseller de Política Territorial recuerda que los alcaldes de Mallorca han alcanzado un acuerdo para constituir un organismo similar, aunque todavía «no ha resuelto el aspecto económico». «No es sencillo», dice Ramon, quien, por otra parte, reconoce que no sabe cómo funciona en el caso de Menorca, que en 2005 aprobó la constitución de un consorcio de disciplina urbanística en suelo rústico, que funciona desde 2006.

El consell también admite que por ahora la institución no tiene ninguna propuesta firme sobre la cuestión económica (el cobro de las sanciones y el destino de las mismas). Ramon explica que está pendiente de cómo se resuelve este asunto en Mallorca (dice que los problemas urbanísticos de Eivissa se parecen más a los que se producen en Mallorca, que no a los de Menorca): si los ayuntamientos mantienen o no los ingresos y si el personal debe depender del consorcio o de los municipios. «No se trata sólo de resolver la voluntad política, que no sobra, sino de que todo cuadre».

Todos los municipios de la isla salvo el de Vila, que no ha atendido la petición de información de este periódico, coinciden en que no entra en sus planes ceder ninguna competencia al Consell. Sant Antoni y Sant Josep se muestran abiertos a hablarlo, pero cuando haya un documento de trabajo en el que se fundamente cómo debería constituirse y funcionar este consorcio. El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, reconoce que «todo el mundo es celoso de sus competencias». «No estaría mal que hubiera algún tipo de régimen común en Eivissa, pero no sólo sobre este asunto, sino en muchas más cosas. Lo que no veo demasiado claro es que el Consell asuma unas competencias que no le corresponden por ley», dice.

El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, destaca que su ayuntamiento no puede pronunciarse sobre este asunto sin tener una propuesta «clara» delante. «No se trata de decir sí o no. Es algo más complejo. Ahora es hablar sobre nada», apunta. Por su parte, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, destaca que los ayuntamientos «no pueden deshacerse así como así de aquello que les gusta ni de lo que les pueda pesar». Marí dice que a día de hoy no ha decidido nada, pero avanza que ahora mismo no tiene ninguna intención de prescindir de esta competencia, justificando esta decisión en que tanto si la cede como si no, los ciudadanos, en última instancia, pedirían responsabilidades al Consistorio. Además, el alcalde de Sant Joan asegura que en su municipio «no hay un solo caso», según dice, en el que el Consistorio hubiera pecado de «dejadez de sus funciones».

Cambio de sistema en Santa Eulària

E. R. El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, también entiende que cada ayuntamiento tiene «la obligación para la bueno y lo malo» de ejercer la competencia de disciplina urbanística. El alcalde sostiene, no obstante, que su municipio tiene previsto introducir cambios en el sistema de control de las denuncias urbanísticas para evitar que puedan suceder casos como el del celador de Sant Antoni (la Guardia Civil también investiga si puede haber conexiones en el Ayuntamiento con la red de extorsión por las obras de una mansión en Cala Mastella). Marí asegura que existen muchos filtros dentro de la Administración y que difícilmente se pueden ocultar datos, pero que de todos modos se está trabajando para introducir cambios en el protocolo de actuación.

16 demoliciones voluntarias en Menorca en dos años

EIVISSA | E. R. Desde hace más de dos años, el Consell de Menorca cuenta con un consorcio de disciplina urbanística en suelo rústico. Inicialmente, se incorporaron todos los ayuntamientos, salvo el de Ferreries y el de Ciutadella, pero en la actualidad ya se han integrado todos. El conseller de Ordenación del Territorio y presidente del Consorcio, Joan Marqués, destaca los buenos resultados que se han obtenido desde la puesta en marcha de este sistema de inspección urbanística común en toda la isla.

Marqués destaca que la principal pretensión de este consorcio es fomentar «una cultura de la legalidad». De hecho, el consorcio incentiva, según el conseller, «la restitución voluntaria de las infracciones», lo que supone «reducciones importantes» en las sanciones. Hasta la fecha, este consorcio ha tramitado 193 expedientes y ha resuelto 75, entre los que se incluyen 16 demoliciones voluntarias: reformas y ampliaciones en la mayoría de los casos, pero también construcciones de nueva planta como una edificación de 134 metros cuadrados.

El conseller también destaca que no existe un afán recaudatorio. De hecho, Marqués asegura que este servicio «hasta ahora ha sido deficitario». El Consell invierte 141.000 euros anuales para financiar este servicio. «Tenemos voluntad de que se pueda autofinanciar», dice el conseller, que señala que en el caso de que se produzca un superávit (que la recaudación de las sanciones supere al coste de la plantilla del consorcio, formada por un gerente, un asesor jurídico, un inspector, un auxiliar de inspección y una administrativa, a los que ahora se sumarán un segundo asesor jurídico y otro inspector) se invertirá en proyectos de restauración paisajística consensuados con todos los municipios.

Cabe tener en cuenta que cada ayuntamiento controla las obras en suelo urbano. El conseller asegura que hasta el momento todas las resoluciones de la Junta de Gobierno, integrada por todos los alcaldes, se han adoptado por unanimidad. El consorcio no entra a discutir si las licencias están bien o mal dadas, sólo se pronuncia sobre obras cometidas sin el amparo de un permiso municipal.

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