(Diario de Ibiza, 20/01/2009)

El pago más elevado efectuado al funcionario de Sant Antoni detenido fue de 3.000 euros. El juez podría llamar a declarar a las personas que realizaron estos abonos, que podrían ser constitutivos de delito

SANT ANTONI | J. LL. FERRER El celador de Sant Antoni detenido la semana pasada por aceptar presuntamente sobornos de varios promotores para que silenciara las irregularidades urbanísticas de sus obras habría recibido pagos de cinco o seis personas, según figura en un informe redactado por su inmediato superior, y que fue el desencadenante de la detención de dicho celador.

Fuentes conocedoras de la investigación explicaron que, ante las sospechas que pesaban sobre el funcionario ahora encarcelado, su jefe recorrió varias de las casas cuya vigilancia había sido encomendada al detenido. Allí se entrevistó con los promotores de las obras, que habrían confesado el pago de varias cantidades a dicho funcionario, supuestamente para que no pusiera trabas a su construcción.

Las declaraciones de estos promotores figuran en el informe redactado por el jefe del servicio y que fue luego remitido a la Fiscalía de Eivissa.

Aunque las presuntos sobornos son de cuantía variable, ninguno alcanza cuantías demasiado elevadas, siendo la más importante de unos 3.000 euros, según añadieron las mismas fuentes.

Explicaciones al juez

Esta situación podría provocar que el juez que instruye las diligencias llame a declarar a los promotores citados en el informe del celador-jefe, al objeto de que aporten más datos y justifiquen su proceder, dado que el pago de sobornos está tipificado como delito en el vigente Código Penal.

Ahora, el Ayuntamiento de Sant Antoni iniciará la revisión de los expedientes urbanísticos en los que participó el celador detenido, al objeto de determinar el alcance de su actuación delictiva. Sin embargo, esta labor investigadora se verá notablemente complicada, dado que, precisamente, el citado celador se esforzaba en no abrir expedientes sancionadores, por lo que los miembros del equipo de gobierno consideran que será difícil seguir el rastro de su actividad delictiva.

En cualquier caso, se tratará de reconstruir la trayectoria profesional del funcionario en los últimos años para localizar posibles casos de anteriores sobornos por parte de promotores de obras ilegales.

El equipo de gobierno ya ha manifestado que no tolerará ningún comportamiento ilegal por parte de funcionarios de la plantilla municipal. Por su parte, el grupo de PSOE-Eivissa pel Canvi declinó ayer ofrecer su opinión, que adoptaron en el transcurso de una reunión celebrada por la noche.