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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Los alcaldes admiten que en todos los municipios se inician obras sin licencia

(Diario de Mallorca, 21/12/2008)

Los ediles reconocen que se tarda un mínimo de medio año en conceder los permisos necesarios para ejecutar la reforma de un hotel

F. GUIJARRO. PALMA. Todos los municipios mallorquines cuentan con obras de construcción y reforma de edificios que se han puesto en marcha sin la correspondiente licencia, según admiten alcaldes de todo color político. El problema, según se señala, pasa tanto por la falta de personal propio para revisar los proyectos con la suficiente celeridad como por la lentitud en los trámites preceptivos que en algunos casos deben realizar otras administraciones, como Costas. De este modo, se afirma que para obtener los permisos necesarios para desarrollar una reforma hotelera como la prevista en el Son Moll de Cala Rajada se necesita un mínimo de medio año. Según la patronal de constructores de Balears, sólo Palma ha conseguido rebajar estas demoras.

El alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), no oculta que su Consistorio tarda de nueve a diez meses para conceder una licencia para obra mayor, y ello a pesar de que la crisis económica ha recortado sustancialmente el volumen de peticiones que se reciben. El problema radica, en su opinión, en que el urbanismo ha alcanzado tal nivel de complejidad que los técnicos se ven obligados a "afinar mucho" a la hora de tramitar un proyecto. Pastor señaló su intención de reforzar este departamento, pero reclamó al Govern que ayude mediante algún tipo de convenio con el Colegio de Arquitectos de las islas.

El alcalde de Son Servera, Josep Barrientos (PSOE), coincide con su homólogo de Manacor en que la falta de personal municipal dificulta que las licencias se puedan conceder antes de medio año -señala en que su departamento de Urbanismo ha estado vacío algún día por la coincidencia de vacaciones con bajas por enfermedad-, y destaca que la situación se agrava mucho cuando se depende de otras Administraciones como la conselleria de Medio Ambiente o la Demarcación de Costas. Todos los ediles coinciden en calificar este último organismo como "especialmente lento" a la hora de elaborar sus informes.

De esta forma, tanto Pastor como Barrientos reconocen que en todos los municipios se producen inicios de obras sin contar todavía con la licencia municipal, lo que en su opinión no significa que no se adopten las necesarias medidas de seguridad. Este último indica que aunque en algunos casos se emiten órdenes de paralización, nunca se llega a ejecutar el precinto. Por ello, ambos consideran injustas las críticas que está recibiendo el alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, por lo sucedido en el hotel Son Moll.

El primer edil de Alcúdia, Miquel Ferrer (UM), coincide con los anteriores en que para conseguir una licencia para la reforma de un hotel se puede tardar medio año o más, y admite también que en muchas ocasiones los trabajos comienzan antes de haber conseguido la licencia, ante la necesidad de que estas obras estén concluidas al inicio de una nueva temporada turística. Sin embargo, hace hincapié en que este hecho no supone que se rebajen las exigencias en materia de seguridad.

En opinión de Ferrer, una de las causas de estas demoras hay que buscarla en el "marasmo" de legislación existente en materia urbanística, y apunta también a otras administraciones como las causantes de los retrasos, especialmente cuando se trata de informes de Costas.

El concejal de Urbanismo de Sant Llorenç des Cardessar, Joan Planas (GISCa), apunta que se tarda al menos tres meses en conceder una licencia, pero sólo en el caso de que no aparezca ninguna deficiencia o no se dependa de informes de otros organismos, ya que entonces el plazo se eleva.

Según los constructores, el ayuntamiento de Palma es el único que ha conseguido paliar esta situación, aunque se apunta que en este aspecto ha podido influir tanto la actuación de su alcaldesa, Aina Calvo (PSOE), como el descenso en el número de proyectos que se presentan. Esta valoración es confirmada por el propio Consistorio palmesano, que asegura que actualmente se tardan tres meses en otorgar un licencia de obra mayor.

Los constructores colocan en el otro lado de la balanza al ayuntamiento de Andratx, al que acusan de registrar las mayores demoras. Su alcalde, Francesc Femenias (PSOE), reconoce el problema, pero recuerda el caos heredado por los escándalos de Eugenio Hidalgo, que provocaron la paralización de su departamento de Urbanismo durante semanas.

Los constructores destacan que los ayuntamientos incumplen la Ley al superar los tres meses

F.G. PALMA. El director de la asociación de constructores de Balears, Manuel Gómez, afirmó que la mayoría de los ayuntamientos de Balears -con la única excepción de Palma- están incumpliendo la legislación de forma reiterada, ya que el plazo para tramitar una licencia de obra mayor debe ser de un máximo de tres meses, cuando en la realidad se tardan siete, ocho o incluso más.

Manuel Gómez indicó que las empresas constructoras tienen la opción de recurrir a los Consells Insulars cuando se superan esos tres meses [Nota de Disúrbia: no és cert, aquesta possibilitat va desaparèixer amb la promulgació de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears], pero admitió que esa vía no se utiliza porque "hay que volver a pasar por el Consistorio para obtener el certificado de final de obra, y el hecho de haberle puenteado suele generar malestar".

El director de la patronal isleña señaló que los mayores retrasos se están dando en Andratx, pero destacó que el problema existe en la práctica totalidad de los municipios.

Además reivindicó la necesidad de que las normativas municipales se adapten a la ley autonómica sobre contaminación acústica, de forma que no esté totalmente prohibida la ejecución de obras en las zonas turísticas durante el verano, sino que éstas se vean limitadas únicamente en su horario, tal y como se hace en otras zonas turísticas del Mediterráneo.

Los hoteleros califican de ´problema absoluto´ la demora en las licencias municipales

F. GUIJARRO. PALMA. El presidente de la asociación de cadenas hoteleras de Balears, Aurelio Vázquez, calificó de "problema absoluto" las demoras que se padecen a la hora de conseguir una licencia de obras para modernizar cualquier establecimiento de alojamiento turístico, al considerar que estas situaciones están frenando proyectos cuyo objetivo es elevar la competitividad de las islas como destino turístico.

Vázquez defendió que resulta imprescindible que se apliquen medidas destinadas a agilizar estos trámites, pero subrayó que eso no supone bajo ningún aspecto que se tengan que reducir las medidas destinadas a garantizar la seguridad en este tipo de proyectos.

El presidente de la asociación de cadenas hoteleras confirmó que son necesarios al menos seis meses para conseguir las licencias municipales, lo que supone un serio problema cuando el cierre de un establecimiento turístico de Balears suele registrarse a finales de octubre para volver a abrir sus puertas en abril. Lo limitado de este plazo hace que cualquier demora pueda repercutir en la fecha de reapertura, con importantes perjuicios económicos.

Aurelio Vázquez recordó que dos son las medidas básicas que el sector hotelero está negociando con la conselleria de Turismo para la elaboración de un nuevo decreto. En primer lugar, la adopción de medidas que permitan agilizar los trámites para la obtención de licencias de obras. Y en segundo lugar, que se acepten proyectos que supongan una mejora cualitativa de los hoteles -sin que se registren aumentos de plazas, aunque sí conlleven un aumento de la edificación- pese a que éstos no estén contemplados en las normativas urbanísticas de cada municipio.

Sobre estos últimos, señaló como ejemplo la construcción de piscinas cubiertas, ampliación de las zonas de restaurante o de los salones, instalación de escaleras de incendios, u otros similares que supongan un aumento de la competitividad.

Aurelio Vázquez manifestó que este es un "momento óptimo" para poner en marcha este tipo de iniciativas, al considerar que permitirán mejorar una planta hotelera que en muchos casos tiene 30 y 40 años de antigüedad, y al mismo tiempo elevar la actividad en el sector de la construcción. Por ello, consideró que sería muy negativo que alguien quisiera vincular estas medidas con lo sucedido en el hotel Son Moll, al afirmar que bajo ningún concepto se pretenden rebajar los niveles de seguridad.

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De: Sin desperdicio, lean, lean: Fecha: 2009-02-08 11:46

EL URBANISMO EN MALLORCA, LA CORRUPCIÓN DEL CONSELL DE MALLORCA y de los Ayuntamientos.


La Consellera del departamento del territorio, María Lluisa Dubon, tendría que dar explicaciones sobre las actuaciones que ha realizado su departamento con relación al expediente 2006/031 de la parcela 120 del polígono 4 del término de Sencelles, expediente que lleva la Srta. Alicia Perez de disciplina urbanística del Consell, el cual subrogo las competencias por inoperancia del Ayuntament de Sencelles (expediente 2002/ 153) ante la construcción de una vivienda de 130m en una parcela sin licencia de obra nueva, sin cumplir con la superficie mínima para calificarla como edificable, ni poder ampliar la superficie por estar ya construidas las adyacentes o pertenecer a las fincas construidas, es decir ilegal a todos los efectos e ilegalizable.
Obra sin acabar y que está a pie de carretera de Inca-Sencelles km 5.1 y que es muy visible tan solo circulando, de un enorme impacto visual. Aquí no pasa nada, buen ejemplo están dando de como se hacen las cosas (algunos expedientes se crean para ser archivados y dejarlos caducar, ¿por que?).
Ante los hechos del incumplimiento de la paralización decretada y ante la visible INOPERANCIA ahora del Consell, la pregunta es: ¿QUIEN DEBE AHORA SUBROGAR LAS COMPETENCIAS AL CONSELL? JE,JE, pues ahora son ellos quienes no hacen nada más que dejar pasar el tiempo para que el expediente se olvide, y debería responder la Consellera Maria Lluisa Dubon, ya que es la máxima responsable. Y hablarnos de las prometidas demoliciones decretadas y que pregonan que realizarán; y la siguiente pregunta es: ¿SE ATREVERAN USTEDES A DEMOLER CASAS EN LAS QUE VIVEN FAMILIAS Y USTEDES NO HACEN NADA CON LAS CONSTRUCCIONES ILEGALES SIN ACABAR EN LAS CUALES NO VIVE NADIE Y DEJAN CADUCAR LOS EXPEDIENTES?(hecha la ley y hecha la trampa); lo mas lógico es empezar a demoler los casos de construcciones que claramente no se pueden acabar legalmente y que además la ley de disciplina urbanística de aplicación en Baleares, dice que no prescriben nunca pues la prescripción es a partir de los 8 años de finalización total (art. 78 Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística de las Baleares) y en el caso de las obras con paralización de actividad y sin acabar, la prescripción nunca ocurrirá, ni se pueden acabar legalmente pues esas construcciones están fuera de ordenación y no se les puede conceder licencia para su finalización y no han llegado nunca a su finalización, POR LO TANTO NO PRESCRIBEN nunca, está claro y sentencias lo abalan, otra cosa es lo que nos quieran hacer creer, como si fuésemos "lelos" y por que a alguien le interesa ¿por que? (reflexionen sobre lo anterior, hecha la ley, hecha la trampa).


Y LO MAS GRAVE: ¿puede un técnico de urbanismo asesorar de como tramitar al infractor el expediente? ¿hay incompativilidad, es legal y ético? ¿ y si ha cobrado, que, es delito?, preguntas en el aire; planteenselas a ellos, pero con el tiempo veremos los resultados de lo que hacen y estaremos pendientes.


Más preguntas: ¿Existen intereses particulares para ese trato de favor y por que?, ¿quien hay involucrado o a ejercido presión para favorecer que el expediente caduque y se archive por segunda vez (la 1ª en el ayuntamiento)? cosa que está apunto de pasar y ocurre a los seis meses (ya transcurridos) y a los tres años, lo segundo, del inicio si la administración no se ha pronunciado finalizandolo; que ocurrirá y sobre todo después de una subrogación por inoperancia del Ayuntamiento, y acontinuación de la administración superior, el caso es curioso y muy grave. Los hechos hacen convincentes los rumores: ¿?, que dé las respuestas la Consellera Maria Luisa Dubon y la Sra Alicia Perez de disciplina urbanística del Consell; claro están saturados de trabajo con tanto expediente, dicen.
Pero más hay pues la Constitución Española establece la obligación a la administración y al estado de la aplicación de las leyes, y no lo están haciendo en el caso de la ley de disciplina urbanística de Baleares y es el máximo orgamo para colmo. Lo que está pasando es que es más barato pagar una multa que comprar una parcela edificable, pagar un proyecto y pedir licencia al Ayuntamiento y no tiran nada, ese es el motivo del la ineficacia de la ley y de la proliferación de construcciones ilegales en toda Mallorca (con una multa se acaba y ¿que hay del expediente de demolición que obliga la mencionada ley? se olvidan). Y ya se ven los resultados de una degradación del territorio que pagarán nuestros hijos y las futuras generaciones, que repercutirá en el atractivo turístico y en la calidad de vida de los Mallorquines: pan para hoy hambre para mañana. El culpable es el Consell y sus responsables. Si, hay que crecer pero ordenadamente, si es necesario que crezcan las ciudades y pueblos pero, respeten el campo, el suelo rústico, mantengan su atractivo pues lo único que nos queda pues la costa está ya destrozada. Si Mallorca necesita una lección y es una voz a gritos que piden los Mallorquines que se dan cuenta del desastre de tanta construcción (algunas zonas parecen urbanizaciones). La administración es la principal culpable por su permisividad.

Boib:http://boib.caib.es/pdf/2003127/p16.pdf

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Un cambio ya, por amor a nuestro territorio.



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