(Diario de Ibiza, 14/11/2008)

Fernández declaró que las transferencias a las empresas del ex arquitecto municipal se debían al pago del alquiler de su casa y al uso de material del despacho de su suegro

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El ex arquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, que se encuentra en prisión preventiva acusado de varios delitos contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, entre otros, reconoció en su declaración ante el juez tras su detención que no podía justificar ingresos por valor de la mitad de los 15,7 millones que las distintas sociedades de su entorno han movido en los últimos 10 años. El juez considera que parte de estos ingresos, según la investigación, pueden deberse a pagos vinculados a la concesión de licencias del Ayuntamiento de Sant Josep, lo que supondría un supuesto delito de cohecho.

La investigación sobre el patrimonio de las sociedades vinculadas a Huerta realizada por los agentes de la Agencia Tributaria detectó importantes trasvases de partidas económicas entre Keltike S.L, la sociedad en la que la arquitecta Pilar Fernández, pareja del hijo de Huerta, figura como única socia, y Arkimer S.A., sociedad del ex arquitecto municipal y su esposa, Rosario Chamorro. En un periodo de cinco años se traspasaron 700.000 euros. En su declaración ante el juez, Fernández y su pareja justificaron que estos movimientos se debían al pago del alquiler de la vivienda que ocupaban, propiedad del ex arquitecto municipal y su esposa, y al uso de material del despacho «Antonio Huerta Arquitectos» para realizar proyectos.

El juez destaca en un auto judicial que hubo contradicciones en las declaraciones sobre el grado de uso de estos medios y, sobre todo, que en ningún caso parecen justificar pagos muy superiores a los que hubiera supuesto a Pilar Fernández adquirir para su uso particular dicho material. Esta cuestión resulta clave para la investigación, puesto que, según el juez, si Fernández firmaba proyectos y contratos gestionados por Antonio Huerta se puede deducir que estos ingresos acabaran en manos de sociedades de éste tras su paso por Keltike. La frecuencia y el modo de realización de los pagos parece rectificar esta tesis, según la investigación.

No obstante, la defensa de Huerta sostiene que no puede afirmarse que de los delitos que se le imputan al ex arquitecto municipal se pueda derivar un perjuicio de 15,7 millones, que es la cantidad que ha sido embargada en cuentas y bienes materiales, por ser la cifra de los movimientos bancarios detectados por las sociedades de la familia. Argumenta, además, que lo relevante no son los movimientos bancarios, sino los ingresos, y advierte de que basta que haya transferencias entre las distintas personas o entidades del entorno de Huerta para que el cálculo esté duplicando, triplicando o cuadriplicando cantidades. Sumando movimientos, mantiene el letrado, se podían alcanzar «cifras astronómicas» y que nada tienen que ver con sus ingresos.