(Diario de Ibiza, 19/10/2008)

El plazo dado por el juzgado concluye dentro de 12 días. El Consistorio finaliza el proyecto de demolición

Eivissa | J. Ll. Ferrer. A sólo doce días para que el 1 de noviembre expire el plazo dado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma para que se haya completado el derribo de la mansión ilegal de Michael Cretu en Santa Agnès, el Ayuntamiento de Sant Antoni no ha iniciado aún los trabajos, aunque asegura que «se cumplirán los plazos», dado que las gestiones se encuentran muy adelantadas.

El primer teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, manifestó ayer a este periódico que el proyecto de derribo, que llevaba más de un año redactándose, ya está terminado y contempla la demolición de la totalidad de lo construido.

El procedimiento para el derribo consistirá en adjudicar a una empresa de construcción este encargo. «Está a punto de salir a licitación», afirmó Pantaleoni, quien añadió: «Estamos informando al juez de todos los pasos que vamos dando».

El primer teniente de alcalde indicó que el coste de las obras ascenderá a más de 900.000 euros, incluyendo tanto el derribo como el transporte de los materiales y los demás conceptos del contrato. En el último pleno del Ayuntamiento se aprobó precisamente la correspondiente dotación presupuestaria para hacer frente a este gasto.

El Juzgado que lleva el caso ha advertido al Ayuntamiento de Sant Antoni que procederá a imponer multas periódicas «a la persona del señor alcalde» en el caso de que se incumpla el plazo máximo otorgado para el derribo de la vivienda. El equipo de gobierno, sin embargo, confía en que no será necesario llegar a tal extremo y se declara dispuesto a acatar las sentencias judiciales.

Nuevas diligencias penales

Mientras tanto, después de que se haya reabierto la vía penal contra los responsables de esta construcción, la Fiscalía de Eivissa ha reanudado su petición al Juzgado de nuevas diligencias destinadas a obtener pruebas de los delitos denunciados por los ecologistas del GEN en la construcción de la casa. Entre ellas figura un peritaje sobre la afección medioambiental que ocasionaron las obras en el paraje de este monte, cuya cima fue recortada para conseguir una superficie plana lo suficientemente grande como para acoger la vivienda. La Fiscalía también pide que el Ayuntamiento de Sant Antoni remita su proyecto de demolición, al objeto de determinar si existe un exceso de construcción en las obras de Michael Cretu en relación con el proyecto autorizado.

Además, se solicita la comparecencia, en calidad de testigos, de un dirigiente del GEN, de un ex concejal de Sant Antoni y de un periodista de Diario de Ibiza, al objeto de comprobar si el Ayuntamiento era conocedor de las advertencias sobre la ilegalidad de este proyecto.

El Ayuntamiento piensa pasar la factura al promotor

Eivissa | J. Ll. F. Según la interpretación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, las sentencias judiciales dan «la orden a Cretu para que tire la casa, no al Ayuntamiento. Pero luego se decía que si él no lo tiraba, lo tiraría el Ayuntamiento».Por ello, el Consistorio «derribará la construcción de manera subsidiaria, es decir, que después le repercutirá los costes» al promotor, por lo que éste debería abonar posteriormente la factura de más de 900.000 euros. «Luego él protestará y dirá que no e iremos a otro juicio; es posible», admitió el primer teniente de alcalde, quien recordó que, al margen de todo esto, «él puede pedir una indemnización, porque ha construido con licencia, pero este ya es un proceso diferente».

Los abogados de Cretu han manifestado en varias ocasiones que su cliente construyó esta casa contando con licencia municipal de obras, por lo que no sólo no debería hacer frente a responsabilidad ninguna, sino que exigirá el pago de indemnizaciones millonarias por el derribo.

En todo caso, las diligencias abiertas en la vía penal para tratar de esclarecer si Cretu construyó después más de lo autorizado en la licencia podrían perjudicar las expectativas indemnizatorias del músico germano-rumano.

Las diligencias de tipo penal fueron archivadas inicialmente por el juez instructor, Juan Carlos Torres, pero después de los consiguientes recursos ante la Audiencia Provincial, este órgano ha ordenado reabrir la investigación por varios posibles delitos.