(Diario de Ibiza, 18/10/2008)

La defensa del ex arquitecto municipal de Sant Josep recurre ante el juez la orden de prisión sin fianza. Alega el arraigo y asegura que no tratará de fugarse ni podrá destruir pruebas porque ya se han hecho los registros

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ. La Fiscalía de Eivissa se opone a que el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, que se encuentra en prisión preventiva por ser el supuesto cerebro de una trama para monopolizar los proyectos del municipio donde desarrollaba su función pública, salga en libertad al entender que existe un riesgo de fuga ante las posibles penas que le podría imponer un tribunal.

El Ministerio Público mantiene esta posición, y así lo ha transmitido al juez, en respuesta al recurso de reforma de la defensa de la familia Huerta, en el que pide la salida de la cárcel del arquitecto y la retirada de las fianzas abonadas por parte de su hijo, Antonio Huerta, y su nuera Pilar Fernández (80.000 euros cada uno), también imputados presuntamente de participar y ser cooperantes necesarios de la trama, para salir en libertad. A la mujer del ex arquitecto municipal, que fue detenida y posteriormente puesta en libertad, se le atribuye la posible comisión de un delito de blanqueo de dinero al ser administradora de algunas de las sociedades implicadas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, imputa a Huerta la presunta comisión de seis delitos de malversación,prevaricación urbanística, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad documental. A éstos, el Ministerio Fiscal añade un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de tráfico de influencias.

Medida excepcional

La defensa de la familia Huerta solicita en el citado recurso que el ex arquitecto municipal salga en libertad, argumentando que el ingreso en prisión preventiva es «una medida excepcional» y que en el caso de Huerta no es necesaria puesto que ni se fugará ni tratará de eludir la acción de la Justicia. En este sentido, el abogado destaca que cuando se inició la llamada Operación Pitiusa, en la que se detuvo a su hijo y a su nuera y se realizaron registros en los despachos y domicilios de la familia, el ex arquitecto municipal se encontraba en Argentina y viajó de inmediato a España para ponerse en manos de la Justicia.

De hecho, al aterrizar en Eivissa Huerta y su esposa fueron detenidos por la Guardia Civil en el mismo aeropuerto.

Otro de los argumentos que esgrime la defensa es el arraigo de Huerta en la isla, donde vive su familia y desarrolla su actividad, y la imposibilidad de que éste pueda destruir pruebas de los presuntos delitos que le imputan puesto que ya se han efectuado los registros y se han intervenido documentos y ordenadores. El fiscal recuerda, no obstante, que la ley no sólo hace referencia al arraigo y que también debe tenerse en cuenta la naturaleza de los delitos que se le atribuyen. Además, considera que, aunque, en principio, ya se han realizado los registros y presumiblemente se han obtenido papeles que podrían servir de prueba en un juicio, aún quedan otras diligencias por practicar, como la declaración de testigos y de posibles nuevos imputados. Así, el Ministerio Público argumenta que a estas alturas de la investigación se desconoce qué otras cosas pueden surgir y que, en el caso de que el ex arquitecto municipal saliera en libertad, podría mantener contactos con otros posibles imputados o testigos y se podrían adulterar pruebas.

Documentos intervenidos

Por su parte, el juez ha decidido que toda la documentación intervenida en los registros y guardada en su mayor parte en cajas precintadas sea revisada en Palma al ubicarse allí la sede del grupo de la policía judicial de la Guardia Civil que lleva la investigación. En el auto dictado el pasado día 10, un día después de decretar el ingreso en prisión sin fianza de Huerta, el magistrado solicitó que se pida un exhorto al Juzgado Decano de Palma para que se designe un secretario en cuya presencia se proceda a la apertura de los precintos y se haga un inventario detallado de todos los documentos. La policía judicial se llevó medio centenar de expedientes del Ayuntamiento de Sant Josep. El anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, expresaba su sorpresa por el registro del departamento de Urbanismo, ya que, según dijo, la pasada legislatura se «envió al Juzgado los más de 40 expedientes que se requirieron». No obstante, el juez sólo pidió entonces parte de la documentación que obraba en los expedientes, como certificados de obra y proyectos, pero quedó pendiente la revisión de otros documentos.