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Huerta renunció a 120 proyectos en Sant Josep meses antes de dimitir como arquitecto municipal

(Diario de Ibiza, 9/10/2008)

 La sociedad Arkimer S.L., de la que Huerta es apoderado, rehusó en el Colegio de Arquitectos a todos estos expedientes en julio y septiembre de 2006. En diciembre, el anterior alcalde, José Serra, aceptaba su marcha

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ. Antonio Huerta presentó en 2006 en el Colegio de Arquitectos de Balears su renuncia a 120 expedientes de proyectos en Sant Josep, el municipio donde ejercía de arquitecto municipal hasta el 11 de diciembre de ese mismo año cuando el anterior alcalde, José Serra Escandell, aceptó su dimisión. Decidió abandonar su función pública diez días después de que este periódico publicara el contenido del vídeo grabado por una empresa de detectives por encargo del Colegio de Arquitectos en el que se ponía al descubierto que desarrollaba actividades profesionales incompatibles con su puesto en el Ayuntamiento.

La sociedad Arkimer S.A., en la que el ex arquitecto municipal figura como apoderado y su esposa Rosario Chamorro como administradora única, era la que promovía la mayoría de los 120 proyectos en distintas zonas de Sant Josep. Arkimer S.A. presentó en el Colegio de Arquitectos de Balears su renuncia a 92 de estos proyectos el 19 de julio de 2006, cinco meses antes de que decidiera dejar su función pública en el Ayuntamiento y cuando se estrechaba el cerco judicial sobre él y su familia. De hecho, a mediados de mayo el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, citaba a declarar como imputados a Antonio Huerta, a su hijo Antonio y a la pareja sentimental de este último, Pilar Fernández, por las obras de Cala Molí y Cala Carbó.

Anteriormente, a finales de 2005, Diario de Ibiza revelaba a raíz de la denuncia del GEN sobre la ampliación de la urbanización de Cala Molí en una zona protegida que otros proyectos de Pilar Fernández no sólo se habían desarrollado en este municipio, sino que además habían sido dictaminados por el padre de su pareja.

El 20 de septiembre de ese mismo año, Huerta presentó la renuncia a 27 expedientes más visados en el Colegio de Arquitectos y otro, el último del listado, el 1 de diciembre, diez días antes de su dimisión. El listado de los proyectos figura en el expediente de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa. El Colegio de Arquitectos informó en su momento al juez, a petición de éste, de los proyectos visados desde 1996 por Antonio Huerta, su hijo y su nuera, entre otras cuestiones sobre su actividad profesional. De esta información se desprende, tal como ya publicó este periódico, que toda la actividad profesional de Fernández en la isla se circunscribe al municipio de Sant Josep, donde ha participado en más de 50 proyectos urbanísticos. Anteriormente, Fernández había formado parte del Colegio de Arquitectos de Galicia (se dio de alta en marzo de 2000), donde consta su participación en muy pocos expedientes.

Por su parte, el hijo del ex arquitecto municipal, Antonio Huerta Chamorro, no ha intervenido en ningún proyecto desarrollado en Sant Josep. Su padre, en cambio, realizó 226 trabajos profesionales en Balears hasta el 31 de diciembre de 1996, antes de ser nombrado arquitecto municipal, 184 de ellos en Sant Josep, lo que, según informaron en su momento al juez, suponía el 81,4 por ciento de la actividad profesional en este municipio.

Asimismo, el Colegio de Arquitectos de Balears (COAIB) emitió ayer un comunicado en el que señalaba que dado que se ha decretado el secreto de las actuaciones, «no puede ni debe hacer públicas informaciones o valoraciones en relación con el mismo». Los arquitectos reiteran su voluntad de colaborar con la Justicia en este procedimiento y expresan su compromiso a regular y promover «el correcto ejercicio de la profesión de arquitecto dentro del marco de la ley».

Según el COAIB, su actuación en este caso «ilustra el papel de los colegios de arquitectos en la defensa de los intereses de los ciudadanos por encima de actuaciones corporativistas, en clara contradicción al desprecio de esa función por parte de la Comisión Nacional de la Competencia en su lamentable informe emitido recientemente».

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