(Diario de Mallorca, 25/09/2008)

La institución local habría pagado la sanción con fondos públicos, aunque después Torres habría abonado la cantidad de su bolsillo

J. FRAU. SANTA MARGALIDA. Una providencia dictada el pasado cinco de septiembre por la magistrado-juez del juzgado contencioso-administrativo número uno de Palma, Carmen Frigola, advierte al ayuntamiento de Santa Margalida de que si la multa impuesta al alcalde, Martí Àngel Torres (PP), ha sido sufragada finalmente con fondos del erario público podrían depurarse responsabilidades penales, inclusive por "malversación de caudales públicos", al entender que la multa, que ascendía a mil euros, debía ser abonada con fondos procedentes del patrimonio personal del primer edil.

Cabe recordar que el secretario municipal consideró en el pleno del pasado 25 de agosto que debía ser el Ayuntamiento la institución que se hiciese cargo de la multa personal del alcalde Torres. Al parecer, según ha podido saber este diario de fuentes solventes, la institución local habría llegado a pagar con fondos públicos la multa dirigida al alcalde, aunque dos o tres días más tarde el propio Martí Àngel Torres habría pagado la misma cantidad de su bolsillo, si bien esto último no pudo ser confirmado ayer por parte del alcalde al no contestar a las diversas llamadas de este periódico. Por este motivo, el ayuntamiento de Santa Margalida habría requerido ahora al juzgado la devolución del primer pago.

El escrito judicial recuerda que en un auto emitido el 3 de enero de 2007, "se deduce con claridad que las multas pecuniarias coercitivas se impondrían, en su caso, sobre el patrimonio particular del alcalde de Santa Margalida". Por este motivo, la juez requiere al secretario del ayuntamiento de Santa Margalida a "certificar en el plazo de diez días" la procedencia de los fondos utilizados para la consignación de la multa impuesta, "debiendo especificar si son públicos o pertenecen al peculio personal del alcalde de esa ciudad". "Todo ello, al objeto de depurar posibles responsabilidades penales, inclusive por malversación de caudales públicos, en el caso de que hubieren sido sufragados con cargo al erario público", concluye la providencia.

Sentencia de demolición

El juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Palma, en un auto dictado el 24 de julio, imponía al actual alcalde de Santa Margalida una multa de mil euros por incumplir una orden de ejecución de una sentencia anterior por la que se debían demoler unas obras ilegales consistentes en el cerramiento de una serie de terrazas en la calle Chopin número 22 de Can Picafort. La primera sentencia sobre este caso es de noviembre de 2005, cuando Torres todavía no era el alcalde de Santa Margalida. Al no haberse ejecutado la demolición, en enero de 2007 se dictó otro auto acordando la ejecución forzosa de la primera sentencia. El plazo para acatar el fallo de demolición finalizaba el uno de septiembre de 2007.

En un pleno celebrado el pasado 25 de agosto, el secretario municipal, Joan Seguí, afirmó que entendía que "el auto multa al Ayuntamiento y no directamente al alcalde" al ser preguntado por el delegado de Can Picafort, Bernat Amengual (CPU).

El pleno decidió entonces abonar el pago de la multa y preguntar a la juez que aclarase quién debía hacerse cargo de la multa, si el Ayuntamiento o el alcalde. Finalmente, la juez Frigola ha confirmado mediante la citada providencia que el pago de la multa corresponde al alcalde.