(Diario de Ibiza, 4/09/2008)

El alcalde afirma que con la orden de derribo «se ha llegado a un exceso», porque la casa «ha costado una millonada». Lamenta que no se mantenga la vivienda para usos públicos. Reitera que acatará la sentencia

EIVISSA | JOAN LLUÍS FERRER Un año y dos meses después de que los técnicos del Ayuntamiento de Sant Antoni entraran en la casa ilegal de Michael Cretu en Santa Agnès para hacer los preparativos de la demolición de esta vivienda, todavía no han podido finalizar la redacción del proyecto, que aún está «ultimándose», según confirmó ayer el alcalde de este municipio, José Sala.

Según un auto aclaratorio emitido por la juez que instruye el caso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma, el plazo para que se haya completado la demolición de todo lo edificado en la cima de esa montaña de Santa Agnès es el 18 de noviembre. A partir de entonces, la juez advierte que podrá aplicar sanciones económicas en la persona del alcalde hasta que se ejecute el derribo.

Sala afirmó que, aparte del proyecto de demolición, aún «hay más cosas» pendientes: «Que yo sepa, estas personas no han abandonado la casa ni nada; es decir, que habrá que enviar a alguien a echar a la gente de allí», explicó.

Preguntado sobre si ve posible alguna forma de evitar el derribo ordenado de forma tajante y clara por el juzgado, respondió, visiblemente cansado de contestar a la misma pregunta ante los periodistas: «Ya no quiero hablar más de esto. Haré lo que tenga que hacer y, si sale algo por algún lado, ya veremos». Además, no tuvo ningún reparo en afirmar: «A mí me parece una barbaridad lo de derribar la casa, ya lo he dicho otras veces y lo volveré a decir». «Si hay que pagarle una indemnización, que se le compre y se utilice como casa de colonias o algo así», añadió el alcalde de Sant Antoni.

«La ley lo permite todo»

Al preguntarle si tal cosa es posible, habiendo como hay una orden de demolición, contestó: «Si se hiciera una ley declarándolo [a la mansión] de interés público, o si se hubiera hecho ese centro de interpretación de es Amunts que se ha hecho en Sant Llorenç... la ley lo permite todo si se hace una ley aposta para esto».

Sala reiteró su desolación ante el trance de tener que ejecutar el derribo: «Una cosa que vale esta millonada; con lo que cuesta hacer las cosas y que el público en general no se pueda aprovechar... Creo que se ha llegado a un exceso».

Además, según dijo, «la presión popular es inversa» a la que ejerce la juez instando a la demolición: «Cada vez que voy a Santa Agnès la gente sólo me dice: No la iréis a tirar... Y yo respondo: ¿Cómo que no la tiraremos? ¿Qué voy a hacer yo? Claro que la tiraremos».

Posible multa a José Sala todos los meses

EIVISSA | J. LL. F. El caso de Sant Antoni guarda un paralelismo casi milimétrico con el de la localidad mallorquina de Santa Margalida. Allí, la misma juez del caso Cretu, Carmen Frígola, ordenó el derribo de una obra ilegal -el cerramiento de una terraza- en la calle Chopin de Can Picafort.

Sin embargo, el alcalde, Martí Àngel Torres (PP), desoyó esta orden de derribo, dictada en enero de 2007, por lo que la jueza dictó un auto ordenando su demolición antes de seis meses y advertía de que el incumplimiento de esta orden acarrearía sanciones «sobre la persona del señor alcalde» y con cargo a «su patrimonio particular». Sin embargo, el Consistorio siguió sin cumplir la sentencia, por lo que el 24 de julio pasado la magistrada dictó otro auto en el que ya multa directamente al alcalde con una sanción de 1.000 euros cada mes hasta el próximo noviembre, momento a partir del cual la multa se elevará hasta los 600 euros a la semana, y ello durará hasta que no se ejecute la sentencia. Además, el mismo auto advierte de que si Torres no abona el pago en diez días se procederá «al embargo de bienes y rentas de su propiedad».

A pesar de ello, el pleno celebrado por el Ayuntamiento de Santa Margalida el pasado día 26 de agosto acordó que esta multa la pagará el Consistorio y no el alcalde, alegando una serie de circunstancias jurídicas expuestas por el secretario del Ayuntamiento.

Mientras se aclara la controversia, los grupos de la oposición han reclamado públicamente que sea el alcalde quien pague la sanción, pues así lo detalla expresamente la sentencia judicial.