(Última Hora, 26/08/2008)

JOAN SITGES. Los grupos de la oposición en el Ajuntament d’Arta han denunciado que el alcalde del municipio, Rafel Gili, ha decretado la caducidad de cinco expedientes sancionadores por diferentes infracciones urbanísticas. Al dar de baja estos expedientes, que incluyen multas y al menos una orden de demolición, el Ajuntament dejará de ingresar 97.311'25 euros.

Según el portavoz de Els Verds-Esquerra de Artà, Guillem Caldentey, «el equipo de gobierno no muestra voluntad alguna en la aplicación de la disciplina urbanística en el municipio». Además desde el grupo Unió d’Independents d’Artà lamentan que los gobiernos encabezados por Unió Mallorquina hayan «favorecido los infractores urbanísticos con condonación de deudas como éstas».

Presupuesto real

Por su parte el alcalde de Artà, Rafel Gili, asegura que lo que se pretende con la tramitación de la caducidad de estos expedientes es «elaborar unos presupuestos reales que no contabilicen unos ingresos que, sin embargo, no serán efectivos porque la mayoría de las sanciones caducaron en 2003, durante el gobierno de Unió d’Independents d’Artà». Gili añade que «durante esta legislatura se han cobrado todas las multas que estaban en vigor, pero no las que se tenían que volver a tramitar», unas tramitaciones que «eran responsabilidad de anteriores equipos de gobierno».

No obstante, los grupos de la oposición coinciden a destacar el caso de la caducidad del expediente 12/2004, por el cual el Ajuntament dejará de cobrar más de 52.421 euros. El 12 de julio de 2001, el pleno del Ajuntament d’Artà aprobó la demolición de una casa propiedad de Jaume Cabrer, cuñado del ex concejal de Urbanismo por el PSOE, Josep Silva. Dicha casa se construyó en una área natural de especial interés (ANEI), en la Colònia de Sant Pere.

Guillem Caldentey, portavoz de Els Verds-Esquerra, destaca que «la falta de voluntad de los diferentes equipos de gobierno, ha provocado que el importe de la multa que tenía que cobrar el Ajuntament se haya ido reduciendo hasta desaparecer y que el acuerdo de demolición aprobado por el pleno de Artà todavía no se haya llevado a cabo».

Un acuerdo de demolición que se aprobó hace ya ocho años y que, por tanto, ha prescrito sin que ninguno de los partidos que ha gobernado desde entonces (PSOE, UIA y UM) hayan ejecutado lo que establecía el expediente sancionador de la casa ilegal.[Nota de Disúrbia: les ordres de demolició, un cop adoptades, no prescriuen mai]

Aún así, desde Els Verds-Esquerra precisan que pedirán al Consell de Mallorca que «tramite otra vez el expediente sancionador porque la infracción tuvo lugar en suelo rústico calificado como ANEI y este tipo de infracciones no caducan» [Nota de Disúrbia: el Consell no es pot subrogar en un expedient ja resolt, i, a més a més, no es pot obrir un segon procediment sancionador per una mateixa infracció]. Caldentey agrega que «si hasta ahora no lo hemos hecho, ha sido porque esperábamos que el equipo de gobierno pudiera cobrar los más de 52.000 euros de multa para invertirlos en el pueblo». Por su parte, Unió d’Independents d’Artà sentencia que el alcalde «juega con dinero público, una cosa intolerable».