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Sant Josep: la Fiscalía ve indicios de prevaricación en el caso de Cala Pinet |
(Diario de Ibiza, 11/01/2008)
El ex alcalde de Sant Josep firmó antes de las elecciones un convenio urbanístico para evitar la ejecución de una sentencia de demolición
EIVISSA | E. R. La Fiscalía ha remitido a los juzgados el caso del Residencial Cala Pinet, en Sant Josep, al ver indicios de delito de prevaricación, desobediencia en el cumplimiento de sentencia y estafa en grado de tentativa. El anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, firmó un convenio urbanístico para evitar la demolición de cuatro apartamentos ilegales del Residencial Cala Pinet, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), al incumplir la distancia de retranqueo con la propiedad colindante.
El ex alcalde firmó el acuerdo con la promotora del bloque de apartamentos y el propietario del solar colindante afectado por el cual este último, según reveló el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) en su momento, podía construir en su propiedad un área en primera línea de mar de 2.000 metros cuadrados, con una altura de cuatro plantas, a cambio de no pedir al TSJB la ejecución de la sentencia. Precisamente, el fiscal lamentó ayer que muchas de las sentencias de la sala de lo contencioso administrativo quedan sin ejecutar y que se trata de «un problema» que afecta directamente al interés público de todos los ciudadanos.
El propietario de los apartamentos ilegales presentó la denuncia en la Fiscalía al entender que había sido objeto de una estafa porque cuando compró el inmueble no se le informó del litigio que se mantenía con la propiedad colindante. El fiscal tiene dudas, además, de la legalidad del Estudio de Detalle que aprobó el Consistorio, puesto que, a través de esta figura, se aumenta la edificabilidad de la zona. El convenio no ha sido ratificado por el pleno del Ayuntamiento.
La casa de Puig des Corb Marí
El fiscal también ha pedido a los juzgados que abra una investigación por el incumplimiento de la sentencia de demolición de una vivienda en Puig des Corb Marí. La Fiscalía quiere que el juez aclare por qué no se ha ejecutado dicha orden judicial.
El ex alcalde de Sant Josep firmó antes de las elecciones un convenio urbanístico para evitar la ejecución de una sentencia de demolición
EIVISSA | E. R. La Fiscalía ha remitido a los juzgados el caso del Residencial Cala Pinet, en Sant Josep, al ver indicios de delito de prevaricación, desobediencia en el cumplimiento de sentencia y estafa en grado de tentativa. El anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, firmó un convenio urbanístico para evitar la demolición de cuatro apartamentos ilegales del Residencial Cala Pinet, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), al incumplir la distancia de retranqueo con la propiedad colindante.
El ex alcalde firmó el acuerdo con la promotora del bloque de apartamentos y el propietario del solar colindante afectado por el cual este último, según reveló el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) en su momento, podía construir en su propiedad un área en primera línea de mar de 2.000 metros cuadrados, con una altura de cuatro plantas, a cambio de no pedir al TSJB la ejecución de la sentencia. Precisamente, el fiscal lamentó ayer que muchas de las sentencias de la sala de lo contencioso administrativo quedan sin ejecutar y que se trata de «un problema» que afecta directamente al interés público de todos los ciudadanos.
El propietario de los apartamentos ilegales presentó la denuncia en la Fiscalía al entender que había sido objeto de una estafa porque cuando compró el inmueble no se le informó del litigio que se mantenía con la propiedad colindante. El fiscal tiene dudas, además, de la legalidad del Estudio de Detalle que aprobó el Consistorio, puesto que, a través de esta figura, se aumenta la edificabilidad de la zona. El convenio no ha sido ratificado por el pleno del Ayuntamiento.
La casa de Puig des Corb Marí
El fiscal también ha pedido a los juzgados que abra una investigación por el incumplimiento de la sentencia de demolición de una vivienda en Puig des Corb Marí. La Fiscalía quiere que el juez aclare por qué no se ha ejecutado dicha orden judicial.