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Andratx: la Fiscalía Anticorrupción pide 20 años de cárcel para el ex alcalde Eugenio Hidalgo

(El Mundo, 29/12/2007)

ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La Fiscalía Anticorrupción pide 20 años de cárcel para Eugenio Hidalgo por la concesión de al menos cuatro licencias urbanísticas en la que el ex alcalde popular ni intervino ni tuvo posibilidad alguna de hacerlo. El ex primer edil del Ayuntamiento de Andratx era concejal de la oposición en el momento en que se autorizaron dichos permisos; se encontraba al mando del partido Agrupación Liberal de Andratx (ALA); y gobernaba el municipio el PP en coalición con Unió Mallorquina (UM), a cuyo cargo se encontraba la Regiduría de Urbanismo.

Todas estas licencias fueron otorgadas, siempre según el Ministerio Público, para la construcción de edificaciones en zonas protegidas del municipio y constituyen cuatro piezas separadas del medio centenar de que se compone la denominada Operación Voramar. A pesar de que Hidalgo no participó en uno solo de estos permisos, la Fiscalía Anticorrupción le considera culpable, conjuntamente con el entonces celador municipal Jaume Gibert, que sí que intervino en la autorizaciones, de sendos delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

El primero está penado, según el propio informe elaborado por el fiscal Juan Carrau, con seis años de prisión y el segundo con dos. Y teniendo en cuenta que el proceso judicial que sigue el Juzgado de Instrucción número 12 contra la corrupción urbanística en el municipio está fraccionado, de cumplirse las pretensiones de los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, las penas son acumulativas y sumarían dos décadas entre rejas.

El primero de estos casos, que es así como los denomina Anticorrupción en su escrito acusatorio, está bautizado con el nombre de la titular de la edificación: María Moner Valent. El fiscal Carrau denuncia en este apartado que "el Ayuntamiento de Andratx concedió licencia de ampliación de vivienda aislada unifamiliar en la parcela 31 del polígono 10 siendo suelo rústico". Y concretamente una zona ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico), que es así como el Plan Territorial del Consell de Mallorca cataloga a los terrenos que gozan del segundo mayor grado de protección posible.

El resto de imputaciones

La licencia investigada fue otorgada en la Comisión de Gobierno del 25 de mayo de 1999. En aquel momento la alcaldesa era la popular Margarita Moner; el teniente de alcalde de Urbanismo era el uemita Antonio Bordoy, y Eugenio Hidalgo no participó. De hecho comenzó a intervenir en las comisiones de gobierno a partir de la segunda semana de julio de 1999 como teniente de alcalde.

Pero es que el resto de piezas separadas son todavía más claras. La segunda de ellas lleva por título caso Cándido Sánchez Tornero. Vuelve a tratarse de una "licencia de obra mayor" otorgada sobre una parcela, la 175 del polígono 7, catalogada como ARIP. Este permiso fue otorgado en la Comisión de Gobierno del 22 de enero de 1999. Hidalgo estaba, de nuevo, como concejal raso en la oposición y sin responsabilidad alguna sobre el otorgamiento de permisos.
También en ANEI

La tercera imputación irregular contra el ex alcalde de Andratx se denomina caso Peter Sutton Grahame. De nuevo se trata de una licencia de "obra mayor" otorgada sobre una parcela pero esta vez situada sobre un ANEI (Área Natural de Especial Interés). Esto es, sobre una zona de máxima protección. El expediente urbanístico de esta pieza separada se remonta a 1998 y la licencia investigada fue otorgada en la Comisión de Gobierno del 26 de febrero de 1999. Hidalgo se encontraba en la situación descrita en los casos anteriores: sin voto sobre la misma.

En estas tres piezas Anticorrupción advierte la comisión por parte tanto de Hidalgo como de Gibert, al que acusa de emitir certificados falsos, de un delito de falsedad documental. El cuarto de los casos, bautizado como Ursula Klein, versa sobre una licencia que data del 19 de febrero de 1999. Según Carrau la edificación se levanta sobre una parcela que no reúne los metros suficientes que exige la ley.
El edil que concedió las licencias consideradas delictivas no ha sido llamado a declarar

ESTEBAN URREIZTIETA. PALMA.- El ex teniente de alcalde de Urbanismo de UM que otorgó los permisos que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares considera delictivos no ha sido imputado.

Pasado un año desde el comienzo de la Operación Voramar ni tan siquiera ha sido llamado a declarar. Sorprendentemente el mismo Ministerio Público que advierte la comisión de delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental en estos casos dirige su acusación contra un edil que se encontraba entonces en la oposición, Eugenio Hidalgo, y pasa por alto la intervención directa del líder uemita.

De tal manera que cuando la Fiscalía Anticorrupción debería en buena lógica trasladar su imputación a Bordoy. Así, y aplicando el criterio de Anticorrupción, este integrante de las listas de UM en los últimos comicios debería ser acusado de penas de dos y seis años de cárcel por autorizar los referidos chalés.

2007-12-29 | Etiquetes: | Categories: Operacio Voramar, Mallorca | Enllaç

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