(Diario de Ibiza, 31/07/2007)

El conseller de Urbanismo recuerda que el Ayuntamiento dio una licencia ilegal y «quienes la otorgaron sabían perfectamente que no podían hacerlo». Miquel Ramón: «El Consell no está para pagar estas cosas»

EIVISSA | REDACCIÓN
El conseller insular de Urbanismo de Eivissa, Miquel Ramón, advirtió ayer de que el Consell no ayudará al Ayuntamiento de Sant Antoni a pagar las posibles indemnizaciones que pueda reclamar el músico rumano Michael Cretu por el derribo de su vivienda de Santa Agnès de Corona, construida con una licencia otorgada ilegalmente por el Ayuntamiento de Sant Antoni y anulada por los tribunales.

Ante la orden de derribo dictada y reiterada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca, y que debe hacerse efectiva de aquí a poco más de un año, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha expresado su deseo de que el Consell colabore en los gastos que se originarían ante posibles reclamaciones de indemnización.

«Estafa a los ciudadanos»

Sin embargo, ayer Miquel Ramón manifestó a Radio Ibiza Ser que quienes deben hacer frente a este posible gasto son los políticos que votaron a favor de dicha licencia ilegal. «No lo ha de pagar el pueblo de Sant Antoni, sino los responsables. Colaboración con los ayuntamientos, toda, y con el de Sant Antoni, también. Pero colaborar económicamente para pagar una licencia que nunca se debería haber dado, cuando quienes la daban sabían perfectamente que no podían darla, esto sería una estafa a los ciudadanos».

«El Consell Insular», agregó, «no está para pagar estas cosas, sino para tener una actitud vigilante y no permitir estas construcciones ilegales», agregó.

El grupo Progresista del Consell Insular ya se mostró, desde la oposición en la anterior legislatura, en contra de que sean las arcas públicas las que asuman las consecuencias económicas de la licencia ilegal de Michael Cretu.

El músico germano-rumano ya formalizó el año pasado su petición de indemnización ante el Ayuntamiento de Sant Antoni, al considerarse víctima de grandes daños y perjuicios si finalmente debe demolerse su vivienda. Cretu alega que él, en calidad de administrado, cumplió escrupulosamente los trámites legales exigidos para la construcción de la mansión, por lo que no puede imputársele ninguna responsabilidad ni gasto patrimonial.

El Ayuntamiento, por su parte, ya ha hecho varias reservas de partidas económicas en sus últimos presupuestos anuales.

José Sala afirma que las posibles responsabilidades «pueden derivar hacia el Consell»

EIVISSA | REDACCIÓN
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, no mostró sorpresa alguna ante las declaraciones de Miquel Ramón, aunque opinó que el talante del Consell sería otro si el Ayuntamiento de Sant Antoni estuviera gobernado por los progresistas. También afirmó que informes emitidos por esta institución durante la anterior etapa progresista podrían «derivar hacia el Consell» las reclamaciones de indemnización.

«No me cabe ninguna duda de que si el Ayuntamiento estuviera gobernado por el PSOE y se encontraran ante un problema de estas características, sí obtendría la ayuda de Miquel Ramón. No me viene de nuevo», manifestó a la misma emisora de radio. «En el caso de que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial se pueden derivar hacia el Consell, deberá asumir las responsabilidades a que haya lugar», señaló.

José Sala añadió: «Ahora se ha visto que la colaboración con los ayuntamientos que prometían los progresistas eran sólo palabras».

También afirmó que los tribunales han descartado la existencia de indicios de delito penal en la actuación del Ayuntamiento de Sant Antoni en la concesión de esta licencia ilegal.