Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El juez pide al Consell ´miles´ de expedientes sobre construcciones en rústico de Mallorca

(Diario de Mallorca, 8/06/2007)
Nota de Disúrbia: vet aquí un magnífic exemple de pseudonotícia, ja que no és més que una reacció a les mentides publicades en un diari digital que no pot ocultar la seva afinitat política i la seva "comprensió" davant els escàndols urbanístics dels darrers temps (sí, encara hi ha gent disposada a perdonar-ho tot quan es tracta de correligionaris...). Que quedi clar, però, que el jutge no s'ha tornat boig, sinó que només ha reclamat les dades sobre els expedients, i no els propis expedients, com equivocadament es dona a entendre en aquestes informacions. Com sempre, als jutges els resulta molt difícil oposar-se a la pràctica de proves demanada per les defenses, encara que siguin manifestament improcedents o, parlem clar, completament delirants.


La información reclamada a la institución insular incluye desde licencias de obras hasta cédulas de habitabilidad o sanciones aplicadas

F. GUIJARRO. PALMA.
El juez instructor del caso Andratx ha reclamado al Consell Insular "miles" de expedientes sobre la actividad urbanística desarrollada en el suelo rústico mallorquín durante las dos últimas legislaturas, según ha conformado el responsable del área de Territorio de la citada institución, Bartomeu Vicens. La documentación remitida al juez Alvaro Latorre incluye tanto las licencias como las cédulas de habitabilidad o las actas de inspección de las dos últimas legislaturas, entre otros apartados.

Bartomeu Vicens indicó que "cada 15 días" se presenta una nueva petición de documentación en el Consell, en muchos casos sobre el conjunto de la actividad urbanística desarrollada en el suelo rústico y en otros sobre actuaciones realizadas en el municipio de Andratx.

La sorpresa de los técnicos del Consell radica en que no se percibe en estas solicitudes una línea de investigación concreta, sino que se trata de "montañas de papel" sobre la actividad de esta institución en materia de urbanismo. Basta señalar que durante el quinquenio 2001-2005 la cifra de licencias concedidas por la institución insular para la construcción de viviendas unifamiliares supero las 2.000.

Por ello, se apunta la posibilidad de que se trate de una "estrategia" de los defensores de los imputados en el caso Andratx, destinada a "liar aún más un caso que ya de por sí es complejo".

En cualquier caso, Bartomeu Vicens señaló que todos los expedientes que está reclamando el juez Latorre se están enviando puntualmente, a no ser que se trate de documentación no disponible, como ya ha sucedido, al haberse pedido estadísticas que el Consell no elabora. En cualquier caso, aseguró que todos estos encargos no están provocando ninguna saturación de trabajo en su departamento.

Algunas fuentes [Nota de Disúrbia: es refereix al diari digital que va escampar primerament la notícia amb greus inexactituds] han señalado que esta petición masiva de información sobre las construcciones realizadas en el suelo rústico está generando preocupación en algunos municipios, aunque esta teoría es observada con escepticismo desde el Consell, dado que la información reclamada es excesivamente amplia como para poder ser revisada a conciencia.

También se ha apuntado la posibilidad de que el objetivo sea comprobar si desde el Consell se aplicó una vigilancia ´especial´ sobre la zona de Andratx. Sobre este último punto, Bartomeu Vicens señaló que las cédulas de habitabilidad de las nuevas construcciones se conceden previa inspección, una medida que se aplica en todos los municipios isleños. Respecto a las ampliaciones de construcciones ya existentes, lo normal es que la inspección se produzca en el caso de que se haya registrado alguna denuncia por presunta ilegalidad.

El conseller insular de Territorio recordó que durante el periodo 2003-2006, Andratx fue el municipio en el que se impugnaron más licencias urbanísticas concedidas por su Ayuntamiento, con siete casos, seguido de Selva, con cinco, ambos investigados por presuntas irregularidades urbanísticas. En ambos casos, Vicens recordó que se trata de poblaciones que o no contaban con planeamiento urbanístico o éste estaba absolutamente desfasado, lo que las convertía en zonas "de alto riesgo".
Casi 300 licencias anuales para levantar viviendas en el suelo no urbanizable de la isla

F.G. PALMA.
El Consell de Mallorca ha concedido durante 2004 y 2005 casi 300 licencias por ejercicio para construir viviendas en suelo rústico, pero entre 2001 y 2003 la media se situó por encima de las 500 licencias, y en 2000 se alcanzaron las 800, lo que refleja el volumen de expedientes solicitados por el juez instructor del caso Andratx al citado organismo insular.

Otra referencia a tener en cuenta es que en 2005 la cifra de declaraciones de interés general aprobadas superó las 300, la mayoría para el tendido de redes eléctricas en suelo no urbanizable.

Respecto a las sanciones aplicadas, entre 2003 y 2006 ascendieron a 156 por un importe global de 8,9 millones de euros, mientras que entre 1999 y 2002 fueron 137 por un valor de 3,6 millones.

Entre 2003 y 2006 se contabilizaron también 20 impugnaciones por parte del Consell de Mallorca de licencias urbanísticas concedidas por los Ayuntamientos, siete de ellas de Andratx y cinco de Selva, mientras que en los cuatro ejercicios anteriores la cifra global fue de tres.

Las ordenes de demolición de obras ilegales durante esos ocho años fue de 96, aunque la inmensa mayoría corresponden a la segunda mitad del citado periodo.
Una defensa pidió la documentación para demostrar un supuesto agravio

El letrado del celador Jaime Gibert quiere saber la realidad urbanística de Mallorca

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Juan Luis Matas, defensor del suspendido celador municipal de obras de Andratx, y uno de los principales implicados en el caso Andratx, la presunta trama de corrupción, reclamó al juez la abundante prueba documental, solicitada a su vez por el magistrado al Consell de Mallorca, para conocer la realidad del urbanismo en suelo rústico de Mallorca. Las defensas alegan, entre otros argumentos exculpatorios, que existen multitud de casos de construcciones en suelo rústico en otros municipios similares a las investigadas en el caso Voramar y que el Consell de Mallorca podría haberse centrado únicamente en Andratx a la hora de denunciar ante la fiscalía presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

Juan Luis Matas recabó hace algunas semanas al magistrado Álvaro Latorre la práctica de una voluminosa prueba documental. El defensor pidió que se oficiase al Consell de Mallorca para que informara sobre las licencias urbanísticas otorgadas en los últimos años en suelo rústico y en todos los municipios de la isla.

Matas también solicitó datos sobre otros parámetros que permitieran conocer cuál ha sido la realidad urbanística insular, especialmente la edificación sobre áreas rurales de interés paisajístico (ARIPS) o áreas naturales de especial interés (ANEIS).

Casos de disciplina

La defensa de Gibert también quiere analizar las estadísticas en materia de disciplina urbanística del Consell de Mallorca y especialmente cuántos y cuáles expedientes han acabado con la formulación de denuncias ante el fiscal de delitos ecológicos.

Algunos de los principales imputados en el caso han destacado las malas relaciones mantenidas en los últimos años por los distintos consistorios de Andratx con los responsables de urbanismo del Consell. También se han atribuido a rencillas entre partidos políticos, especialmente Unió Mallorquina contra el Partido Popular, algunos de los episodios objeto de investigación.

El juez aceptó la petición de prueba y el Consell ha empezado a remitir cientos de documentos.[Nota de Disúrbia: això és fals, la tramesa ja s'ha produït i no ha estat d'expedients, sinó de dades sobre els diversos procediments]

2007-06-08 | Etiquetes: | Categories: Operacio Voramar, Mallorca | Enllaç

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