(Diario de Ibiza, 25/05/2007)

Los vecinos llevan el caso a la Fiscalía al considerar que José Serra Escandell ha permitido el funcionamiento irregular de este local con sentencia firme de clausura y derribo desde hace 15 años

Sant Josep | J. Ll. F.
Los vecinos de la zona de es Pujols, a la altura del kilómetro 5 de la carretera de Sant Josep, han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Eivissa contra el alcalde de este municipio, José Serra Escandell, por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad, prevaricación urbanística y contra el medio ambiente en el caso de la carpintería Alba.

La denuncia se produce después de que el dueño de dicho establecimiento, Francisco Alba Montero, haya sido condenado por el juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa por un delito de desobediencia a la autoridad tras haber ignorado las órdenes de cierre y precinto derivadas de sucesivas sentencias judiciales. La primera de estas resoluciones que confirmó la ilegalidad de este negocio data de 1992. Sin embargo, el propietario sigue sin ejecutar el cierre del negocio.

Las citadas sentencias señalaban que existe un exceso de construcción en el establecimiento y esta infracción, además, no es legalizable. «Actualmente, la edificación existente y con las condiciones urbanísticas de las Normas Subsidiarias, no es legalizable», establecía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears de 1994.

A pesar de ello, «la obra se legaliza mediante acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep» en febrero de 2001, constata el escrito dirigido a la Fiscalía.

«Cuando el Ayuntamiento legaliza la obra que según sus péritos era ilegalizable, lo hace conociendo ya que el TSJB declaró conforme a derecho su orden de demolición, conociendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo declarando firme la anterior y conociendo que, ni con el terreno agregado, la finca cumplía con el mínimo exigido para construir una vivienda unifamiliar y, mucho menos, un edificio destinado a una actividad industrial».

`Interés General´ para un negocio ilegal

La denuncia presentada ante el fiscal recuerda que para intentar legalizar la carpintería se procedió a declararla de Interés General por parte del Consell, cuando «es una actividad que sólo es lucrativa para su promotor». El Consell denegó dos veces esa solicitud, hasta que en un tercer intento, ya bajo el mandato del PP, fue concedida esta declaración. La denuncia recuerda que el dueño amplió incluso el negocio comprando nuevos terrenos al cuñado del alcalde de Sant Josep, «según confesión propia» de Serra Escandell. «Los terrenos fueron vendidos por un precio confesado en escritura pública muy superior al de mercado». «Sólo condicionar su compra a la legalización de la carpintería les daban valor», añaden los denunciantes.