(Diario de Ibiza, 25/04/2007)

La jueza dicta una providencia en la que conmina al Ayuntamiento a que le notifique el acta del pleno del 28 de febrero en el que se activó la cuenta atrás de 18 meses para la ejecución de la demolición del inmueble

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
La defensa del músico rumano Michel Cretu ha recurrido la autorización de entrada al domicilio concedida por la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, Carmen Frígola, al Ayuntamiento de Sant Antoni para que los servicios técnicos municipales puedan redactar el proyecto de demolición de la mansión ilegal que corona una cima de un espacio protegido en Santa Agnès.

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, aseguró ayer a este periódico que enviará a la jueza junto al memorándum de actuaciones previstas, que, según él, debe remitir al juzgado antes del 2 de mayo, un escrito para que aclare si se puede entrar en el inmueble o si, por el contrario, «hay que esperar a que la orden de entrada a la casa sea firme una vez resuelto el recurso».

Por su parte, la misma jueza, que es la que dictó la sentencia de demolición de la mansión, ha dictado una providencia en la que requiere a la secretaria de Sant Antoni que le remita el acta del pleno en la que se dio lectura ante los miembros de la Corporación del auto de 1 de septiembre de 2004 y la sentencia que ordenaba el derrumbe del inmueble y que suponía el inicio del plazo de 18 meses para su ejecución definitiva. Este pleno se celebró el pasado 28 de febrero, por lo que la cuenta atrás se inició el día 1 de marzo.
La jueza apercibe a la secretaria de que debe remitirle en el plazo de «una audiencia» el acta de dicho pleno y que, de lo contrario, podría incurrir en un delito de «desobediencia grave a la autoridad». El alcalde, José Sala, explicó ayer que este trámite se realizó antes de recibir la providencia, que se dictó el 18 de abril. «Quizá la secretaria se retrasó algo en enviarla, pero se ha enviado. Ni siquiera le hicimos caso a la providencia porque ya se había hecho lo que reclama la jueza antes de recibirla», asegura Sala, que recuerda que «la elaboración de las actas de los plenos lleva su trabajo» y que en este caso se ha tardado «lo normal». «No se trata sólo de enviar una copia al juzgado, también hay que hacerlo al Consell y a la delegación del Gobierno», agregó.

El alcalde expresó su sorpresa por la nueva advertencia de la jueza. «Me parece mentira esta actitud, por lo que me imagino que el GEN la habrá requerido», señaló Sala, que puntualizó que en el último auto la jueza no especificaba plazo alguno para remitirle el acta del citado pleno. En cambio, sí marcaba un plazo de dos meses a partir de ese pleno para que el Ayuntamiento presente una guía de todas las actuaciones previstas para cumplir la sentencia y que, según Sala, acaba el 2 de mayo.

Incumplimiento de plazos, según el GEN

EIVISSA | E. R.
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) entiende que el Ayuntamiento de Sant Antoni ha incumplido el plazo de dos meses para entregar en el juzgado el «plan de etapas de la demolición de la casa Cretu». «El juzgado no ha recibido aún la documentación requerida», señala la junta directiva del colectivo ecologista a través de una nota de prensa. Sala niega, en cambio, que se haya incumplido nada porque, por un lado, ya se ha notificado el acta del citado pleno en el juzgado y «no se había marcado ninguna fecha para ello» y, por otro, el plazo para la presentación del programa de actuaciones acaba el día 2 de mayo. Sala recuerda que el pleno se celebró el 28 de febrero y los dos meses comenzaron a contar al día siguiente.

Los ecologistas destacan en su nota que la última providencia hace patente «el interés» de la jueza en que las sentencias sean «debidamente ejecutadas», tal y como determina la Constitución, y que éstas «no se queden simplemente sobre el papel, en una clara y descarada burla a la justicia y al Estado de Derecho». Asimismo, la ecologista Neus Prats asegura que resulta «curioso» que el Ayuntamiento no haya tenido tiempo de notificar al juzgado el acta del pleno de febrero y, en cambio, sí pudo presentar una petición de aclaración del último auto porque entendía que la jueza era injusta al afirmar que el Consistorio no hacía nada para garantizar el cumplimiento de la sentencia. «¿Por qué sí tuvieron tiempo de presentar ese recurso?», cuestiona Prats.

Sobre la petición de aclaración del auto, Sala recuerda que lo hizo porque no le gustó nada esa resolución ya que la jueza decía que el Consistorio no había hecho nada, cuando «aún no había resuelto la solicitud de entrada a la casa hecha por el Ayuntamiento».