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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Santa Eulària ordena la demolición de una nave del primo de Vicent Riera

(Diario de Ibiza, 12/01/2007)

También es el promotor del restaurante de Cala Nova que llevó a juicio en octubre al teniente de alcalde. El acuerdo se adoptó 13 días después de esa vista oral y, en esta ocasión, Riera Noguera sí se ausentó de la sala

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha ordenado la demolición de una nave industrial en Cala Nova propiedad de Jaime Ferrer Noguera, primo del teniente de alcalde, Vicent Riera, porque se levantó sin la correspondiente licencia municipal en una zona calificada como suelo rústico común. El Consistorio considera, además, que la nave, que ocupa una superficie construida de 1.100 metros cuadrados, no puede legalizarse porque incumple el retranqueo con respecto a un camino vecinal.

El acuerdo adoptado por la comisión de gobierno a finales de octubre pasado contempla, además, una sanción económica a Jaime Ferrer, «como responsable de la infracción cometida», por importe de 77.553 euros (el 50 por ciento del valor de las obras ejecutadas sin autorización y que resulten ilegalizables, según marca la Ley de Disciplina Urbanística). No obstante, el Consistorio reclama el pago de 60.000 euros por ser un municipio de menos de 50.000 habitantes y dará traslado del expediente al Consell Insular para que cobre el resto de la sanción económica que corresponde.

Jaime Ferrer es también el promotor del restaurante de Cala Nova, cuya autorización motivó el 18 de octubre la celebración de un juicio en el que se acusaba al teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera, y a la ex arquitecta municipal Raquel García de un supuesto delito de prevaricación. Ambos fueron absueltos. En el juicio, Vicent Riera aseguró que desconocía que su primo hubiera presentado ningún proyecto en el Ayuntamiento y admitió haber cometido «un error» al participar en la votación de la autorización de la obra. El promotor, Jaime Ferrer, señaló en el juicio que nunca habló de ello con su primo, con el que, según dijo, mantiene una relación «familiar y cordial», pero que en los últimos 10 años «no ha coincidido con él ni en una comida familiar».

En la vista oral, la jueza dio un duro varapalo al teniente de alcalde por el desconocimiento que Riera alegó sobre las decisiones que se adoptan en las comisiones de gobierno. «¿Ustedes qué pintan, sólo están allí para cobrar?», preguntó la magistrada, al tiempo que le dijo: «Yo como jueza no puedo juzgar a un primo. Usted debe saber que no puede intervenir como miembro de la comisión de gobierno en una decisión que afecta a un primo». Riera indicó a la jueza que la entendía pero le reconoció que «nadie nos forma como políticos». En todo caso, Vicent Riera tomó nota de la advertencia de la jueza porque en la comisión de gobierno en la que se acordó la sanción y la orden de demolición de la nave de su primo, celebrada el 31 de octubre, 13 días después de la celebración del juicio, se ausentó previamente de la sala, según consta en el acta.
Un mes de plazo para el derribo

El expediente de infracción urbanística se incoó el 30 de noviembre de 2005 después de que el promotor ejecutase sin licencia municipal las obras de construcción de la nave. El promotor sí contaba con permiso para cambiar el techo de uralita de una estructura anterior de la década de los 70. Sin embargo, los informes técnicos municipales señalan que es «evidente» que «el promotor ejecutó obras de demolición, construcción de obra nueva y ampliación de la misma sin la correspondiente autorización». Parece ser que el promotor utilizaba la nave como almacén y fábrica de cubitos de hielo, según fuentes municipales, y que el inmueble anterior contaba con licencias de actividad obtenidas en los 90. La obra ilegal incumple, además, el retranqueo de un camino público, que es lo que condiciona que la obra sea ilegalizable. El Consistorio comunicó al promotor la orden de demolición de la nave el pasado 21 de diciembre. Cuenta con el plazo de un mes para hacer efectivo el derrumbe del inmueble, con la advertencia de que «el Ayuntamiento lo ejecutará subsidiariamente en caso de incumplimiento», previa autorización judicial. El afectado puede presentar un recurso contencioso administrativo en los tribunales. | e. r.

2007-01-12 | Etiquetes: | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

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