(Diario de Mallorca, 4/01/2007)

Los populares permiten regularizar instalaciones turísticas construidas junto a la costa en suelo rústico

F. GUIJARRO. PALMA.
El Partido Popular ha concedido una amnistía para obras ilegales del litoral, gracias a que su enmienda fue aprobada como disposición adicional en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de 2007. Esta legalización beneficiará especialmente a instalaciones complementarias de restaurantes, hoteles, negocios de temporada (como los denominados chiringuitos) y de la oferta complementaria turística que se hayan levantado en suelo rústico.

Para acogerse a esta legalización se exige como condición que las obras ilegales no superen los 150 metros cuadrados de superficie cubierta, que ya estén acabadas y en funcionamiento, y que hubieran podido ser autorizadas según la Ley de Costas.

También se pide que estas obras ilegales formen parte de instalaciones que dispongan de licencia municipal o permiso de apertura turística concedidos al menos cinco años antes de la entrada en vigor de la citada ley de acompañamiento. Se trata de que al menos el edificio principal sea legal, aunque la obra posterior -como podría ser el caso de una piscina o un solarium- no lo sea.

La posible adaptación a la Ley de Costas se ha incluido, según se destaca desde los grupos de la oposición, porque la ley autonómica de acompañamiento de los presupuestos no puede vulnerar una norma de carácter nacional. Sin embargo, sí pasa por encima de las especificaciones incluidas en la Ley de Suelo Rústico balear.

Apoyo exclusivo del PP

La enmienda del Partido Popular fue rechazada por UM, PSM y EU-EV, mientras los socialistas no la votaron porque abandonaron el Plenario del Parlament durante su debate. Su texto especifica que estas instalaciones ilegales podrán regularizar su situación en el litoral "sea cual sea la calificación urbanística de los terrenos en el que se ubiquen", con la única excepción de los incluidos en la Red Natura 2000.

Según se destaca desde algunos grupos de la oposición, eso da luz verde a la regularización de obras ilegales levantadas sobre espacios protegidos, como las Areas Naturales de Especial Interés (Anei). Además, recalcan, no será necesario aportar una declaración de interés general que debería ser concedida por los consells insulares, ni tampoco será obligatorio cumplir ningún parámetro de calidad o realizar estudio alguno de impacto ambiental para determinar si resultaría más conveniente proceder a la demolición de las estructuras que hayan podido edificarse de forma irregular.

Un "traje a medida"

Un aspecto que resulta especialmente "sospechoso" para algunos representantes de los grupos de la oposición es que se haya sido tan concreto en algunas de las condiciones, como la superficie de 150 metros cuadrados o el que la Red Natura 2000 no se vea afectada. Este hecho extiende el temor a que se trate de una norma pensada para que el beneficio de la regularización se produzca ante casos muy concretos. Un "traje a medida", según se señala.

Igualmente, se subraya el momento elegido para aprobar esta amnistía, es decir, con la última ley de acompañamiento de los presupuestos que se aprueba antes de que concluya la legislatura y se celebren elecciones autonómicas.

Placas solares sin control municipal

Un aspecto duramente criticado desde los grupos de la oposición es que el PP haya utilizado la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat Autònona (su nombre real es Ley de Medidas tributarias y Administrativas) para "colar" cambios normativos que afectan al suelo rústico isleño.

Además de la regularización de obras ilegales junto al litoral, también se ha aprobado una nueva normativa para la instalación de placas fotovoltaicas en terrenos no urbanizables, que permite que las autorizaciones dependan exclusivamente de la conselleria de Comercio e Industria, sin tener que pasar por los Ayuntamientos o los consells insulars afectados y sin necesidad de la aprobación de su interés general.

Aunque se señala que el apoyo a la energía fotovoltaica es unánime entre todos los grupos políticos del Parlament, sí se cuestiona desde la oposición la falta de controles para garantizar que el impacto medioambiental, a la hora de seleccionar la ubicación de estas instalaciones, no sea excesivo.