(Diario de Ibiza, 17/12/2006)

Los ecologistas recuerdan al magistrado Juan Carlos Torres que la licencia no está vigente «porque fue anulada por los tribunales» y que «hay indicios sobrados de delito» para seguir la instrucción

eivissa | j. ll. f.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, que dirige Juan Carlos Torres, de archivar las diligencias penales abiertas por varios presuntos delitos en la concesión de la licencia de la vivienda de Michael Cretu en Santa Agnès, previamente declarada ilegal por los tribunales de lo contencioso administrativo y que debe ser derribada.

El letrado del GEN Eduard Clavell afirma en su recurso que la decisión de Juan Carlos Torres de archivar la causa provoca «indefensión a la acusación» para seguir persiguiendo los indicios de delito que, según los ecologistas, existen «sobradamente» en la causa. El recurso señala además que algunos de los argumentos empleados por el juez para el sobreseimiento de este caso no habían sido alegados siquiera por los abogados de los imputados.

El GEN entiende que el auto de archivo emitido por el juez, que ocupaba 18 folios, se parece más a «un juicio definitivo y completo propio de la fase oral».

Contestando a cada cuestión planeada por el juez en su escrito, el letrado de la acusación popular niega «rotundamente» que la licencia de obras fuera concedida contando con todos los informes técnicos favorables posibles. «Lejos de ello, el informe del aparejador municipal de fecha 28 de marzo de 1996 advierte expresamente del incumplimiento de varios parámetros urbanísticos y jurídicos, a pesar de lo cual, se aprobó la licencia».

Además, los propios ecologistas, recuerda su abogado, enviaron ya en 1996 y 1997 sendos escritos al alcalde advirtiéndole de esta ilegalidad y de las consecuencias penales de la concesión de la licencia.

«Puede haber delito con licencia»

El recurso expresa también su sorpresa por el hecho de que el juez declare «vigente y regladamente concedida» la licencia de obras de la mansión. «Sorprende que pueda calificarse así una licencia tachada de radicalmente nula por los tribunales», afirma el escrito. Pero incluso aceptando la tesis del magistrado, «la ley no exime de la comisión del delito a quien cuente con una licencia de obras».
La existencia de este permiso municipal «ni es prueba de que se construyó autorizadamente -hay indicios suficientes de todo lo contrario- ni de que, mucho menos, se construyera sin afectar gravemente a un espacio natural», que además es Lugar de Interés Comunitario (LIC).

«Nos hallamos ante un caso en que se ha llegado a rebajar varios metros la altura de un monte para construir una macro-mansión privada en una zona ubicada en Área Natural de Especial Interés, arrasando para ello toda la masa boscosa y flora que se hallaba por delante, con el único amparo inicial de una licencia de obra menor. Ni los técnicos ni las autoridades municipales utilizaron sus atribuciones para parar la obra. Al contrario, fueron los únicos que, al parecer, no se percataron de que la construcción se hallaba en la cima de una colina». Además, le dieron licencia «sin reparar en el exceso de edificación construida», llegando además a «amparar y proteger» esta edificación «mediante una ley específica o retrasar durante años, aún a día de hoy, la sentencia firme que ordenaba su demolición».

Una entidad «altruista y voluntaria»

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Los ecologistas señalan en su escrito de recurso de reforma -que deberá resolver el propio juez Torres- que su decisión de archivar el caso, «lejos de ahondar en el derecho de la defensa [de los imputados], lo que hace es producir la indefensión de la parte acusadora, a quien se priva de su auténtico instrumento procesal».

El texto recuerda que el GEN «persigue la defensa del medio ambiente y lo hace de forma completamente altruista y voluntaria. Su lucha viene limitada por sus recursos, que son escasos. No puede estar en todos los frentes. La corrupción urbanística y los ataques al medio ambiente y la naturaleza son demasiado habituales en Eivissa para que el GEN, solo, pueda combiarlos todos». A esta organización «no le queda más remedio que elegir, descartar y priorizar. Y dado que un procedimiento judicial es largo y costoso, se optó en su momento por la denuncia contenciosa».

El letrado hace esta reflexión para replicar a la «inacción penal» que Juan Carlos Torres atribuye al GEN, por no haber denunciado antes este caso. Atribuir esta situación a la «no gravedad de los hechos es tan gratuito como desacertado». También se pregunta por qué el juez, si pretende estimular la acción penal, se dedica a exigir al GEN, en otra causa -la de Los Parques des Cubells- la cantidad de 10.000 euros para poder personarse en las diligencias. «No se puede criticar la inacción y, a la vez, colaborar en que ésta se produzca», afirma Eduard Clavell.