(Diario de Mallorca, 19/11/2006)

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional denuncia que "muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo"

MERCEDES GALLEGO. ALICANTE.
Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de lo que será la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que, de ver la luz en los términos en que se está elaborando el borrador, supondrá una auténtica revolución procesal al arrebatarle a los jueces el control de las investigaciones penales para dejarlo en manos del fiscal. Vicente Gimeno Sendra (Gandía, Valencia,1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años en 1988 y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado de este tribunal que más votos particulares ha presentado haciendo gala de una independencia sólo comparable a su vasto conocimiento del Derecho Procesal.

-Usted ha afirmado que la corrupción urbanística no se persigue.

-Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla. Lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero al que es complicado seguirle el rastro.


-¿Quiénes son los corruptos?

-Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones.


-Si hay corrupción, se sabe y no se persigue, ¿eso es delito, no?

-Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio? Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y, en segundo lugar, porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo. El mundo del Derecho Penal y el del Derecho Administrativo son dos compartimentos estancos, además de que investigar este tipo de delitos conlleva un conocimiento profundo en materia de urbanismo que, insisto, no tienen ni fiscales ni jueces. Y por eso se deriva a la vía contencioso-administrativa. Pero, ¿qué sucede con esta vía? Que está colapsada y que tenemos una ley poco eficaz en cuanto al establecimiento de medidas cautelares, que no suspende el acto administrativo, con lo que las obras ilegales se consolidan. Un proceso contencioso puede durar entre ocho y diez años, tiempo en el que la obra ilegal queda consolidada.


-Además de formación y ganas, ¿qué más falta?

-Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una Policía especializada en temas de urbanismo. Hace poco el Gobierno decidió crear una sección de la Guardia Civil dedicada a estos temas, pero la realidad es que, hoy por hoy, las Fuerzas de Seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo. Hay un déficit de formación, incluso más que en la lucha contra la delincuencia económica o los delitos societarios.


-¿Alguna carencia más?

-Nuestro sistema procesal penal, que es de 1882, se basa en un modelo con muchas personas investigando y a la hora de la verdad, ninguna. En primer lugar investiga la Policía durante tres días y se dice que los policías en ese tiempo hacen más que jueces y fiscales en meses. Y yo creo que es así. Cuando se acaban las diligencias policiales se incoa un procedimiento penal que teóricamente debiera durar un mes, cuando todos sabemos que se puede prolongar meses y hasta años. Y si hay un acusador particular, más aún. Se hace excesivo papel y no hay coordinación entre policías y fiscales.


-¿Se vislumbra alguna solución a medio plazo?

-Todo esto ha llevado al Ministerio de Justicia a encargar una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal en el que el papel de instructor pasaría a ser llevado por el fiscal y el juez de Instrucción permanecería sólo para dictar resoluciones limitativas de derechos fundamentales. La Policía estaría permanentemente bajo las órdenes del fiscal. Esto sería más eficaz.


-¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella?

-No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.


-¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos?

-Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos políticos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. La suspensión de empleo y sueldo a un funcionario es problemática y tampoco está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que una imputación judicial pueda conllevarla. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo. Luego la justicia penal llega mal y tarde.