(Última Hora, 11/11/2006)

Representantes del Ministerio Público de toda España examinan el fenómeno creciente del «delincuente del ladrillo» en Balears

PATRICIO CANDIA
El 90% de las denuncias que investiga el fiscal de Medio Ambiente en Balears, Adrián Salazar, están vinculadas a la corrupción urbanística, un fenómeno en alza en las Islas, según pudieron comprobar ayer en Palma 33 fiscales de toda España reunidos en unas jornadas sobre delincuencia urbanística.

Hace cinco años, la mayoría de las denuncias que se tramitaban ante la Fiscalía de Medio Ambiente en las Islas lo eran por vertederos, aguas residuales, veneno contra animales, entre otras. Muy pocas estaban relacionados con la delincuencia urbanística, según recordó Salazar, quien confirmó la elevada carga de trabajo que ha asumido con la investigación de estos casos. «Hay muchas denuncias por presunta corrupción urbanística y pocos medios para combatirla. Pero, ese estado de la situación no es sólo atribuible a Balears, ya que mis compañeros del resto de comunidades también se quejan de la falta de medios técnicos y humanos para acelerar las investigaciones», declaró el fiscal de Medio Ambiente a Ultima Hora .

Añadió que existen «investigaciones en marcha» sobre delincuencia urbanística en «varios municipios», entre ellos Andratx, Eivissa y Ciutadella. Con todo, Salazar insistió en que el panorama «no es tan grave como en Marbella».

Ayer, los especialistas «ecológicos» de toda España pudieron escuchar al portavoz del GOB, Miquel Ángel March, quien disertó sobre la problemática.

March también escuchó a los ponentes y dijo que había extraido «valiosas conclusiones».

«Se ha hablado sobre el marco jurídico y la realidad de los delitos ambientales y urbanísticos. La fiscal de Córdoba se refirió, en concreto, a los delitos contra el patrimonio histórico y cultural. Analizó algunas sentencias y se refirió a la jurisprudencia existente en la materia», explicó. Según March, «en algunas de las ponencias quedó claro que, quizás, el Código Penal no es suficientemente claro para defender un bien común como es el territorio y el patrimonio cultural».

Añadió que, bajo su punto de vista, «en España tenemos leyes casi de sobra para afrontar esa problemática; las hay buenas, malas, regulares. Pero lo que hay que hacer es cumplir esas leyes, aunque eso sí, dotando a las fiscalías de medios técnicos y humanos para que puedan desarrollar su trabajo». Dijo, en ese contexto, que la Fiscalía de Medio Ambiente en Balears, «tiene una persona a tiempo parcial, que es Adrián Salazar, y no tiene sentido».

Jueces y fiscales abogan en Palma por la «regeneración» de la política urbanística.

Los portavoces de ambas asociaciones progresistas reclaman un plan de acción contra el fenómeno

P. CANDIA
Jueces para la Democracia (JPD) y la Unión de Progresistas Fiscales (UPF) solicitaron ayer en Palma «una implicación de todas las administraciones en la regeneración de la política urbanística», con el objetivo de combatir la corrupción en esa materia.

También reclamaron del Ejecutivo, «la elaboración de un plan de acción específico», que contemple dotar a las Fiscalías de medios adecuados, porque de lo contrario, «la impunidad continuará siendo una invitación para que muchos sigan por la lucrativa senda del deterioro de nuestro entorno».

Los portavoces de jueces y fiscales, Jaime Tapia y Eduardo Esteban, respectivamente, elaboraron un comunicado con las conclusiones extraidas en las materias que abordaron en la reunión de Palma.

Sobre la corrupción urbanística insistieron en «la importancia de la persecución de los delitos contra el medio ambiente mediante la dotación de medios necesarios para que los fiscales especialistas en esta materia puedan contar con el apoyo material y personal que el desempeño de su actividad exija».

Así, calificaron de «inaceptables» lo que definen como «continuas declaraciones públicas que pretenden presionar» a ambos colectivos, en directa alusión a las opiniones vertidas por algunos partidos políticos del País Vasco.

Ambas entidades insisten en que las críticas «deben circunscribirse al aspecto jurídicos de las resoluciones y las actuaciones de los fiscales».

«Es inevitable que las resoluciones judiciales y las actuaciones fiscales provoquen efectos en la vida social y política», señala el comunicado.

Y añade: «Pero a ambos les es exigible que sus actuaciones se guíen por criterios exclusivamente jurídicos. En la realidad de cada día, sin embargo, se ven excepcionales actuaciones, en el ámbito del proceso, que no se entienden si nos es desde una adscripción partidista, alejándose de una interpretación razonable del Derecho». El portavoz de JPD, Jaime Tapia, destacó sobre esa cuestión que la crítica a las resoluciones judiciales «no justifica exabruptos del lenguaje», y se mostró partidario de «poner coto a la verdadera relevancia que puede tener en proceso de paz esas resoluciones judiciales».