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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Calvià actúa contra un apartotel al que acusa de vender pisos "clandestinos"

(El Mundo, 5/08/2006)

Estudian una multa de 17 millones de E «por vender plazas turísticas como residenciales» El abogado de la sociedad es el socialista Lafuente

EDUARDO COLOM
CALVIÀ.- El Ayuntamiento de Calvià ha incoado un expediente sancionador «ejemplar» contra una empresa dueña de un apartotel que, según sus investigaciones, se está dedicando a vender viviendas para uso residencial mediante contratos privados. Una práctica irregular que vulneraría la normativa de uso urbanístico -las plazas son turísticas y no residenciales- y que lleva aparejada estrictas sanciones económicas.

El Ayuntamiento advierte «que de no restaurar el orden urbanístico infringido en el plazo de dos meses», Proydisco, S.L., empresa propietaria de los apartamentos Pinamar de Magaluf, se enfrenta al cierre y a una sanción equivalente al 100% del valor de mercado del inmueble. Esto es, la friolera de 17.362.499 euros.

El Ayuntamiento ha trasladado el expediente a la conselleria de Turismo y a la de Industria para que adopte las medidas oportunas. Así como a la Fiscalía de Baleares «para que estudie si los hechos detectados son constitutivos de un delito de estafa».

Alberto León, regidor de Urbanismo del Ayuntamiento, anunció ayer este paquete de medidas cautelares y adelantó que su departamento está investigando más casos por si se estuvieran dando más reconversiones «clandestinas» en el municipio.

Concretamente, el Ayuntamiento inició las investigaciones el pasado 13 de julio cuando empezó a recabar información acerca del modo de venta de los apartamentos. Según consta en los contratos recaudados, la venta se realizaba como vivienda. No se fija en ellos el régimen turístico, como defiende el Ayuntamiento que debería ser.

En los archivos municipales, alega el Consistorio, siempre ha constado que las 241 plazas del complejo creado en la década de los 60 tenían uso de apartotel y no de vivienda. La administradora de la sociedad, según consta en el expediente municipal, contradice esta versión y asegura que las unidades que se han puesto a la venta han sido siempre viviendas. Según Urbanismo, actualmente hay 111 apartamentos en venta como residencia.

León reveló un importante detalle en su exposición. Al ser interrogada sobre las ventas, la administradora de la sociedad, Carolina Andrea Castro, les remitió a su abogado y asesor, José María Lafuente Balle. Un destacado dirigente del PSOE que sonó como importante candidato a la Alcaldía de Palma en las próximas elecciones de 2007.

Lafuente explicó ayer a este diario que la venta de estas viviendas como tales es «absolutamente legal». Aclaró que es rotundamente cierto que se están vendiendo con la calificación de «viviendas». Pero matizó que se hace así porque ésa y no otra es la calificación que tienen en el Registro de la Propiedad.

El abogado recordó que cuando fue construido el edificio, en 1962, estaba permitido registrar las 300 viviendas como unidades registrales diferenciadas. «Así, la escritura original emitida por el notario Germán Chacártegui contiene 300 escrituras».

«La transacción por tanto puede y debe realizarse bajo el título de vivienda, pese a que luego el uso que se les da sea turístico», sostuvo Lafuente. En opinión del letrado, el Consistorio del PP de Calvià ha adoptado una decisión «equivocada» que, asegura, va contra todo el Registro de la Propiedad.

Además de ello, Lafuente apunta a una motivación política. «Da la impresión de que el Ayuntamiento del PP tenía urgencia por contestar a la campaña del PSOE y ha tomado medidas no estudiadas suficientemente», sostuvo.

El Ayuntamiento ha emprendido esta medida punitiva poco después de que se abriera un enconado debate político y social acerca precisamente de la reconversión de la planta hotelera en residencial.

El PSOE acusó al Ayuntamiento de haber dado luz verde a dicha reconversión en su adaptación del Plan Urbanístico local al Plan Territorial del Consell Insular. Algo que el departamento de Urbanismo negó tajantemente incidiendo en que era el Plan Territorial el que preveía ese cambio de uso y en ningún caso el Consistorio. Apenas dos semanas después, el gobierno municipal ha abierto este expediente sancionador.

2006-08-05 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

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