(Diario de Ibiza, 25/07/2006)

Antonio Marí Tur, que era alcalde de Sant Antoni en 1997 cuando se otorgó la licencia para la mansión de Michael Cretu, reconoció ayer ante el juez, el fiscal y los abogados de la acusación y la defensa, que ninguno de los 17 informes técnicos y jurídicos en que se apoyaba esta licencia aludía a su ubicación en la cima de un monte protegido. El ex alcalde señaló que «había dudas de qué se entendía por cima o promontorio», aunque ante las observaciones del fiscal, terminó admitiendo que «hay una sentencia que dice que es una cima». Los ecologistas del GEN se han personado como acusación popular en esta causa penal.

eivissa | joan lluís ferrer
El ex alcalde de Sant Antoni, Antonio Marí Tur, admitió ayer ante el juez Juan Carlos Torres -que instruye las diligencias penales del caso Cretu- que los 17 informes que respaldaban la licencia de esta mansión de Santa Agnès no citaban en ningún momento que la obra fuera a ubicarse en la cima de un monte. Este tipo de promontorios estaban entonces, como ahora, declarados inedificables por la Ley de Espacios Naturales (LEN).

El hecho de que esos informes no aludieran al detalle que ha acabado convirtiéndose en la principal causa de ilegalidad de la vivienda fue objeto de reiteradas preguntas por parte tanto del fiscal jefe de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, como del abogado Eduard Clavell, de la acusación popular, que desde ayer mismo ejerce el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN).

Los principales informes favorables obtenidos por el Ayuntamiento son la respuesta a preguntas y cuestiones concretas planteadas desde el Consistorio. Entre ellas no había ninguna destinada a aclarar si podía autorizarse esa licencia en una cima. Cuando ayer Marí Tur fue preguntado por qué motivo en esa solicitud no se hizo constar ese asunto, el ex alcalde dijo: «Porque el técnico no tendría dudas, la cima no era objeto de cuestión».

El abogado del GEN recordó entoces que este colectivo había advertido reiteradamente de que la ley prohibía otorgar licencias en las cimas y promontorios de los espacios protegidos. Clavell preguntó a Marí Tur si, como ciudadano, tenía alguna duda de que ese emplazamiento constituye una cima. El ex alcalde eludió un pronunciamiento concreto y respondió: «Hay una sentencia que lo dice», aunque añadió: «Había dudas de qué se entendía por cima o por promontorio».

«No hubo movilización»

A lo largo de dos horas exactas de interrogatorio -en las que el abogado defensor, Eduardo Valdivia, no formuló pregunta alguna, al igual que el letrado de Michael Cretu, Jaume Roig-, el fiscal Adrián Salazar interpeló al ex alcalde sobre si el hecho de haberse producido una movilización vecinal y social contra esta vivienda no le llevó a ser más escrupuloso en esta licencia. Marí Tur contestó negando que se hubiera producido protesta vecinal de ningún tipo, lo que fue acogido con muestras de sorpresa por parte de la acusación, que recordó luego a este periódico las reuniones vecinales celebradas en el despacho del alcalde y las marchas de protesta hasta la casa de Cretu organizadas por organizaciones ecologistas.

Al ex alcalde le fue exhibido en un momento dado un recorte de prensa donde aseguraba que iba a contratar a un topógrafo para comprobar si el monte alcanzaba o no los 200 metros [a partir de los cuales no se podía edificar] y que, si superaba esa altura, no otorgaría la licencia. Marí Tur no aclaró el desenlace de ese anuncio, poniendo incluso en entredicho la propia información periodística. El monte, según comprobaciones posteriores, medía 223 metros.

A su salida del juzgado, el alcalde reiteró que su actuación había estado respaldada por los informes técnicos y jurídicos, pero a preguntas de los periodistas, admitió: «Los informes no aludían a que estuviera en la cima».

El fiscal de Medio Ambiente de Balears dice que hay motivos para seguir investigando

eivissa | j. ll. f.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Balears, Adrián Salazar, viajó ayer hasta Eivissa para asistir a la declaración como imputado de Antonio Marí Tur. Sus preguntas al ex alcalde se centraron en todas y cada una de las ilegalidades confirmadas por la sentencia firme recaída al respecto. A la salida del juzgado, Salazar se limitó a confirmar ante los periodistas que tras escuchar a Marí Tur «la posición de la Fiscalía no ha cambiado. Es la misma y seguimos con la misma posición».

Preguntado sobre si existen motivos para seguir investigando el caso tras el interrogatorio de ayer, el fiscal reiteró su voluntad de continuar con las diligencias abiertas por el ministerio público por un presunto delito de prevaricación urbanística.

«No puede alegar ignorancia»

Por su parte, el abogado de la acusación popular, Eduard Clavell, señaló que el alcalde «no puede alegar desconocimiento de la materia, porque él es aparejador de profesión, formó parte de la Comisión Insular de Urbanismo del Consell y, además, en calidad de profesional de reconocido prestigio». Aparte de esto, actualmente preside la Comisión de Ordenación del Territorio del Parlament balear.

La conclusión extraída por el abogado del GEN es que «ha quedado muy claro que cuando se dio esta licencia los concejales que votaron lo hicieron defendiendo un interés particular, prescindiendo del interés general. Consiguieron unas magníficas vistas para Cretu, pero a cambio acabaron con un trozo de isla, y además literalmente, porque la altura del monte bajó en tres metros por la excavación realizada». «El GEN denunció la ilegalidad de la licencia reiteradamente, pero el Ayuntamiento ni contestó, hizo caso omiso a esas advertencias», señaló el letrado de la acusación.