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Santa Margalida: la Audiencia absuelve al ex alcalde de UM Jaume Ribot del delito de estafa inmobiliaria a un alemán

(Diario de Mallorca, 4/04/2006)

J.F. MESTRE/ M. FERRER. STA. MARGALIDA.
La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto al ex alcalde Jaume Ribot y a otros tres imputados de un delito de estafa. Ribot fue alcalde por UM de 1991 a 1993, y desde entonces hasta finales de 1997, teniente de alcalde y concejal de Obras. Desde 2003 ya no es edil.

La fiscal Mercedes Carrascón pedía la pena de tres años de prisión, multa de 10 meses a 12 euros el día e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena para el propio Ribot, Helmut Leicht, Laura Lladó y Juan Álvarez.

Todos ellos tuvieron conocimiento, por medio del acusado Leicht, de que el matrimonio alemán Weindl querían adquirir un terreno en Santa Margalida para construir un horno.

"Puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico" -reza la sentencia-, el 25 de junio de 1997 Ribot y Lladó adquirieron en el predio de son Mas "una finca rústica propiedad de Maria Vela Grimalt, por el precio de 15.025 euros, revendiéndosela al señor Weindl y su esposa por 42.070 euros". Por su calificación, no podían levantarse nuevas edificaciones en el terreno. Los jueces declaran probado que todos los acusados lo sabían a través de Ribot, "a la sazón teniente de alcalde y edil de Obras públicas de Santa Margalida". Sin embargo, ofrecieron al matrimonio alemán "construirle la vivienda, formalizando la contratación de la construcción en documento privado, por lo cual cobraron un total de 159.268 euros".

Finalizadas las obras sin licencia, un vecino las denunció ante el Consell, que en octubre de 2002 impuso una sanción a Weindl de 28.598 euros. El ciudadano alemán se sintió estafado, y presentó una querella. Nada más saberlo, el ex alcalde Ribot ofreció reintegrarle la multa pagada más todos los gastos que hubiera tenido en la finca.

Finalmente, el 12 de diciembre de 2003 los esposos alemanes revendieron la finca al propio Ribot. Weindl se apartó entonces como querellante, y el Ayuntamiento legalizó las obras en octubre de 2004. Con todo, la fiscal mantuvo la acusación y solicitó además el pago de una indemnización al ex querellante de 187.867 euros.

Sin embargo, los jueces entienden que en una operación inmobiliaria se persigue un beneficio económico, y señalan que "únicamente se tienen sospechas de que los cuatro acusados se proponían defraudar" a los alemanes -"que hubieran podido conocer la calificación urbanística de la finca de modo sencillo"-, por lo que no ha quedado probado que se produjera un negocio criminalizado.

2006-04-04 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

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