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La fiscalía vincula en Balears corrupción política con delitos urbanísticos |
(Diario de Mallorca, 4/04/2006)
Un informe del fiscal general del Estado destaca el crecimiento en las islas de los delitos contra la ordenación del territorio
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluido en la memoria del 2005, vincula en Balears el crecimiento de los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente a las tramas de corrupción política. La FGE sitúa el archipiélago balear entre las zonas de España más castigadas por los delitos urbanísticos, entre las que también destacan Málaga (especialmente Marbella), Madrid, Canarias, Murcia y Alicante.
El estudio de la Fiscalía General analiza pormenorizadamente la situación y causas de los delitos contra la ordenación urbanística y ecológicos en España, así como los obstáculos que los fiscales especializados en este tipo de criminalidad hallan para poder investigar los casos y condenar a los responsables.
La memoria describe algunos de los delitos más comunes en este campo: "licencias de construcción contrarias a derecho, irregularidades en convenios urbanísticos, modificaciones puntuales de planteamiento, alteraciones de porcentajes obligatorios de cesiones o en el número de viviendas sujetas al régimen de protección, decisiones municipales arbitrarias que violan la ley en cuestiones como la edificabilidad, o la altura en beneficio de determinados constructores, etc".
Las fiscalías de Madrid y Balears coinciden en destacar la íntima relación existente entre los delitos urbanísticos con tramas de corrupción política. Dada esa hilazón desde la FGE se recomienda un trabajo conjunto, y coordinado, entre los fiscales de medio ambiente y los fiscales anticorrupción, que en las islas son, respectivamente, Adrián Salazar y Juan Carrau.
Desde el ministerio público se reconoce que este tipo de tramas, a los que normalmente se persigue, entre otros delitos, por la llamada "prevaricación urbanística" entraña una gran complejidad a la hora de su represión.
Dificultad de análisis
Los obstáculos para acabar con esta corrupción vienen, entre otras circunstancias, de la complejidad de los expedientes administrativos, los continuos cambios en las normas urbanísticas, y el gran número de personas que intervienen en una operación.
"Por lo que respecta a la prevaricación urbanística los fiscales coinciden en destacar la dificultad que supone el análisis de conductas sometidas a distintos tipos de decisiones administrativas que, además, están sujetas a normativas que sufren continuas reformas y en las que están implicadas autoridades y funcionarios públicos que intervienen sucesivamente de forma decisiva en la adopción de las resoluciones administrativas de concesión de licencias de construcción", explica la memoria.
La FGE destaca los problemas que está teniendo la fiscalía de Málaga para acusar y lograr la condena de los miembros de la corporación municipal de Marbella imputados en casos de corrupción.
Un informe del fiscal general del Estado destaca el crecimiento en las islas de los delitos contra la ordenación del territorio
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluido en la memoria del 2005, vincula en Balears el crecimiento de los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente a las tramas de corrupción política. La FGE sitúa el archipiélago balear entre las zonas de España más castigadas por los delitos urbanísticos, entre las que también destacan Málaga (especialmente Marbella), Madrid, Canarias, Murcia y Alicante.
El estudio de la Fiscalía General analiza pormenorizadamente la situación y causas de los delitos contra la ordenación urbanística y ecológicos en España, así como los obstáculos que los fiscales especializados en este tipo de criminalidad hallan para poder investigar los casos y condenar a los responsables.
La memoria describe algunos de los delitos más comunes en este campo: "licencias de construcción contrarias a derecho, irregularidades en convenios urbanísticos, modificaciones puntuales de planteamiento, alteraciones de porcentajes obligatorios de cesiones o en el número de viviendas sujetas al régimen de protección, decisiones municipales arbitrarias que violan la ley en cuestiones como la edificabilidad, o la altura en beneficio de determinados constructores, etc".
Las fiscalías de Madrid y Balears coinciden en destacar la íntima relación existente entre los delitos urbanísticos con tramas de corrupción política. Dada esa hilazón desde la FGE se recomienda un trabajo conjunto, y coordinado, entre los fiscales de medio ambiente y los fiscales anticorrupción, que en las islas son, respectivamente, Adrián Salazar y Juan Carrau.
Desde el ministerio público se reconoce que este tipo de tramas, a los que normalmente se persigue, entre otros delitos, por la llamada "prevaricación urbanística" entraña una gran complejidad a la hora de su represión.
Dificultad de análisis
Los obstáculos para acabar con esta corrupción vienen, entre otras circunstancias, de la complejidad de los expedientes administrativos, los continuos cambios en las normas urbanísticas, y el gran número de personas que intervienen en una operación.
"Por lo que respecta a la prevaricación urbanística los fiscales coinciden en destacar la dificultad que supone el análisis de conductas sometidas a distintos tipos de decisiones administrativas que, además, están sujetas a normativas que sufren continuas reformas y en las que están implicadas autoridades y funcionarios públicos que intervienen sucesivamente de forma decisiva en la adopción de las resoluciones administrativas de concesión de licencias de construcción", explica la memoria.
La FGE destaca los problemas que está teniendo la fiscalía de Málaga para acusar y lograr la condena de los miembros de la corporación municipal de Marbella imputados en casos de corrupción.