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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Inca: Rotger admitió ante la comisión de Urbanismo que actuó contra la ley

(Diario de Mallorca, 13/01/2006)

El alcalde y presidente del Parlament alegó que ante la demora del PGOU decidió "tirar por el camino de en medio"

F. GUIJARRO. PALMA.
El alcalde de Inca y presidente del Parlament balear, Pere Rotger, admitió abiertamente ante la comisión insular de Urbanismo que había autorizado unas viviendas protegidas en contra de la normativa en vigor, según consta en el acta de la reunión mantenida el pasado día 27 de octubre por este organismo. En este documento aparecen recogidas las palabras de Rotger, el cual alegó que ante el retraso que se estaba registrando en la aprobación del nuevo plan general del municipio, optó por "tirar por el camino de en medio" y autorizar un proyecto que en ese momento no se ajustaba a la legalidad.

Estas declaraciones adquieren una especial relevancia debido a que el Consell de Mallorca ha remitido un informe al fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, en el que se advierte que Pere Rotger ha podido cometer un delito recogido en el artículo 320 del Código Penal, al otorgar licencia a 77 viviendas y 77 plazas de estacionamiento que comenzaron a construirse sobre unos terrenos que en ese momento todavía estaban calificados parcialmente como zona verde, tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA el pasado 2 de enero.

Este artículo determina que se condenará con penas de prisión de seis meses a dos años y con inhabilitación en el cargo a las autoridades o funcionarios que voten a favor de un proyecto urbanístico "a sabiendas de su injusticia".

Acta de la sesión

Según consta en el acta de la comisión de Urbanismo, a la que ha tenido acceso este periódico, ante las críticas formuladas por el representante del PSM, Antoni Alorda, Rotger justificó la autorización de las viviendas de la calle Mandrava alegando que la zona verde que se había visto afectada no iba a desaparecer en el nuevo plan general, sino a trasladarse, y que ante la demora en la aprobación de este PGOU optó, según sus propias declaraciones, por "tirar por el camino de en medio, consintiendo en no retrasar este inicio de la construcción porque sabía que más pronto o más tarde se aprobaría el PGOU. Nadie, ni la oposición del Ayuntamiento, se ha atrevido a contradecirme en este hecho, porque sabían de su justificación. No dudaría en volver a hacerlo".

Estas declaraciones coinciden con las realizadas un mes antes a este diario por el propio Rotger, en las que ya admitía ser consciente que había autorizado las obras antes de que el plan general se hubiera modificado, y subrayaba que "volvería a hacerlo".

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que la concesión de la licencia se produjo a pesar de las advertencias formuladas por los técnicos del Consistorio.

Según consta en el acta de la junta de gobierno del ayuntamiento de Inca del pasado 15 de julio, en la que se autorizaron las obras de la calle Mandrava, el letrado asesor del área de Urbanismo informó desfavorablemente debido a que "la solicitud de licencia no se adecua a los requisitos exigidos (...) dado que es necesario esperar a que la revisión del plan general de Inca sea aprobado de forma definitiva" por la comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca.

Asimismo, el secretario del Ayuntamiento reiteró "la improcedencia de otorgar licencia por contradecir el PGOU". Pese a estas advertencias, el alcalde y los concejales presentes optaron por otorgar la licencia.
Cinco implicados en el presunto delito

La decisión de autorizar 77 viviendas en unos terrenos parcialmente calificados como zona verde implica al alcalde de Inca, Pere Rotger, cuya relevancia en el caso se ve multiplicada por ser el máximo responsable del PP de Mallorca y por ocupar la presidencia del Parlament.

Sin embargo, la concesión de la licencia fue respaldada por otros cuatro concejales, que también podrían tener que rendir cuentas ante la Justicia en el caso de que el fiscal de medio ambiente del Tribunal Superior de Balears determine que existen indicios de delito.

Así, también votaron a favor del proyecto el concejal de Urbanismo, Bartomeu Seguí, que se ha visto implicado en otra polémica por las irregularidades de una casa de su propiedad en Alcúdia; Joan Rubert, que también está afectado por las denuncias que se han presentado contra los ediles que firmaron certificados falsos para legalizar la vivienda del ex alcalde de ses Salines Sebastià Vidal; el primer teniente de alcalde, Rafael Torres, al que se cuestiona la falta de dedicación a su cargo en el Instituto de Desarrollo Industrial; y Joan Deus Díez.

Opinión. El cumplimiento estricto de la ley por parte del legislador

FERRAN GUIJARRO
La posibilidad de un alcalde de anticiparse a una prevista reforma legal en beneficio de sus vecinos es el argumento bajo el que parece haberse cobijado el primer edil de Inca, Pere Rotger, a la hora de justificar su actuación en relación al proyecto de viviendas protegidas de la calle Mandrava. La bondad de sus intenciones, o si éstas sólo ocultan el deseo de llegar a las próximas elecciones con un nuevo acto inaugural a sus espaldas, es algo que puede debatirse. Pero bajo ningún concepto eso exime a un cargo público de la exigencia de ser absolutamente escrupuloso en el cumplimiento de la ley.

El problema se acentúa debido a que en la figura de Rotger no concurre únicamente su situación como alcalde, sino también su cargo al frente del PP de Mallorca -ya se ocuparán los militantes de este partido de pedirle explicaciones si lo consideran oportuno- y, muy especialmente, el hecho de ser presidente del Parlament, es decir, de la Cámara encargada de aprobar unas leyes cuyo respeto luego va a ser exigido al conjunto de los ciudadanos.

El incumplimiento de las normas por parte de quien puede ser considerado como el primer legislador de las islas es un hecho de notable gravedad, sobre todo cuando el infractor no deja dudas respecto a su conocimiento de lo que estaba haciendo. Y más si se tiene en cuenta que su condición de diputado convierte a Pere Rotger en aforado, con unas claras ventajas respecto a un ciudadano de a pie a la hora de rendir explicaciones ante la Justicia.

La línea que separa lo legal de lo ilegal no es flexible. Si se traspasa, hay que tener el valor de asumir el coste.

2006-01-13 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

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