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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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El arquitecto municipal de Sant Josep pone su puesto a disposición del alcalde

(Diario de Ibiza, 24/11/2005)

EIVISSA | J. S.
En el Ayuntamiento de Sant Josep han comenzado a producirse las primeras reacciones a la actuación del arquitecto municipal, Antonio Huerta, después de que se divulgara que ha avalado proyectos de dudosa legalidad presentados por su nuera. El martes Antonio Huerta envió un escrito al alcalde en el que niega cualquier irregularidad pero pone el cargo a su disposición; sin embargo, el alcalde no tomará ninguna decisión hasta que concluya las «diligencias informativas» que decidió abrir ayer. El pleno del Consistorio debatirá hoy una propuesta de la oposición para crear una comisión de investigación.

El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, dirigió anteayer un escrito al alcalde, José Serra Escandell, en el que pone el cargo a su disposición alegando «razones personales». Huerta ha adoptado esta iniciativa después de que Diario de Ibiza revelara que un informe suyo sirvió para levantar la paralización de un bloque de apartamentos de Cala Carbó denunciado por sobrepasar la altura máxima autorizada y cuyo proyecto firmaba su propia nuera, la arquitecta Pilar Fernández Pérez. En su escrito, Antonio Huerta viene a negar la veracidad de las informaciones publicadas por este periódico, que han originado también una investigación de la Fiscalía de Eivissa.

Ayer, una vez conocida la carta del arquitecto municipal que le traslada la responsabilidad de decidir acerca de su continuidad, el alcalde de Sant Josep acordó abrir unas diligencias informativas y decidió hacerse cargo personalmente de ellas a partir del próximo lunes, ya que hasta entonces estará fuera de la isla por asuntos relacionados con sus empresas, según confirmó ayer el alcalde accidental, José Torres Cardona, Tomàs.

Las diligencias informativas son un trámite previsto en la normativa sobre el funcionamiento de las corporaciones locales y de sus conclusiones puede depender la apertura de un expediente sancionador.

A partir del lunes Serra Escandell «se reunirá con el arquitecto y con las personas que haga falta» y pedirá «todos los documentos que crea convenientes» antes de tomar una decisión. «De momento la renuncia de Antonio Huerta no ha sido aceptada ni rechazada, sigue siendo el arquitecto municipal», recalcó Torres Cardona, que, en ausencia del alcalde, presidirá hoy el pleno municipal en el que la oposición del Pacto pedirá que se cree una comisión de investigación para esclarecer la actuación de Antonio Huerta. Esta propuesta será rechazada con toda probabilidad por la mayoría del PP, escudándose en la medida adoptada ayer por el alcalde y en su voluntad de investigar personalmente las denuncias relacionadas con el arquitecto municipal.

Proyectos polémicos

Según reveló también Diario de Ibiza, la nuera del arquitecto municipal firma también el proyecto del bloque de apartamentos de Cala Molí que invade un área protegida y que fue paralizado por el Ayuntamiento después de que se abriera una investigación judicial por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Pilar Fernández ejerce en Eivissa desde hace apenas cinco años y ha presentado ya unos cuarenta proyectos, muchos de ellos de gran envergadura y algunos muy controvertidos, pero todos en el municipio de Sant Josep, en el que ejerce su suegro.

Las denuncias del Pacto trascienden los simples informes favorables emitidos por Huerta en proyectos firmados por su nuera y le acusan abiertamente de favorecer desde su puesto a unos determinados arquitectos con los que tiene algún tipo de vinculación. «Si quieres sacar adelante proyectos en Sant Josep has de recurrir a determinados arquitectos que tienen una vinculación, ya sea por amistad o por lazos familiares con los técnicos municipales», declaraba el pasado lunes el portavoz del Pacto, Josep Marí Ribas, Agustinet.
El GEN pide al fiscal que investigue la obra de Cala Carbó

El grupo ecologista GEN-GOB Eivissa ha pedido a la Fiscalía de Eivissa que investigue presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, «además de los de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos o personal al servicio de la Administración», en el caso de la urbanización de la zona de ses Serretes de Cala Carbó, donde el arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, emitió un informe que permitió levantar la paralización que pesaba sobre un proyecto presentado por su nuera. Según el GEN, en esta urbanización, correspondiente al Área de Actuación 4.1 de las Normas Subsidiarias de Sant Josep, se está produciendo un exceso de aprovechamiento urbanístico que puede superar en un 100% el permitido por el planeamiento municipal.

En esta zona también ha firmado obras «un arquitecto madrileño habitual en este tipo de proyectos antes de la aparición de la señora Pilar Fernández» y al que se vincula igualmente con Huerta.

Según el GEN, «cada vez resulta más evidente que, en Sant Josep, proyectos de dudosa legalidad, realizados por un reducido número de arquitectos, consiguen sistemáticamente informes favorables de los técnicos y las autorizaciones de la comisión de gobierno» del Ayuntamiento. En el caso de Cala Carbó, cree que «resulta del todo incomprensible» que en unos terrenos «que no reunían los requisitos para ser considerados solares se permitiera edificar con una intensidad que supera ampliamente la prevista en el planeamiento».

La organización ecologista denuncia asimismo que en Cala Carbó se ha vulnerado la obligación que establecen las normas urbanísticas de preservar la masa boscosa, que ha quedado eliminada casi por completo, hecho «especialmente grave si se tiene en cuenta que la zona está ubicada en el interior de un Lugar de Importancia Comunitaria protegido por la normativa europea».

El Colegio de Arquitectos estudia abrir una investigación disciplinaria

EIVISSA | J. S.
La actuación del arquitecto municipal de Sant Josep en proyectos tramitados por su nuera no sólo ha originado ya unas diligencias informativas abiertas ayer por el alcalde y una actuación de oficio del fiscal, que aprecia indicios de un posible delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función pública y ha pedido que se investigue judicialmente la relación de parentesco entre Huerta y Pilar Fernández. Seguramente no serán las únicas, ya que todo indica que habrá también acciones por parte del Colegio de Arquitectos de Balears. Algunos miembros de este colectivo profesional creen que el procedimiento disciplinario se iniciará de inmediato.

Aunque la Demarcación del Colegio en las Pitiüses no ha querido hacer comentarios sobre el caso, diversos profesionales consultados por este periódico sostienen que la dirección del Colegio en Balears está siguiendo con preocupación los avatares en los que se ven envueltos tanto Antonio Huerta como Pilar Fernández y creen que el Colegio «difícilmente podrá quedar al margen» una vez que existen unas diligencias judiciales abiertas y una investigación del fiscal. «Sería ridículo que la justicia estuviera investigando a un arquitecto por un presunto delito de incompatibilidad y que el Colegio no hiciera nada, cuando, si existe esa irregularidad, es también un problema deontológico que afecta directente a la profesión», explicaba ayer un arquitecto que ejerce en Eivissa y que es ajeno a los órganos de dirección del Colegio.

Otros arquitectos pitiusos consultados ayer se mostraron también partidarios de que se abra una investigación disciplinaria por parte del Colegio «para aclarar de una vez todo lo que está pasando en Sant Josep».

2005-11-24 | Etiquetes: | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

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