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Santa Eulària: ocho empresarios serán juzgados por vulnerar el precinto de es Pouet

(Diario de Ibiza, 19/11/2005)

EIVISSA | PEDRO PRIETO
Los directivos de la promotora Progen S. A. y la constructora Brues S. A. se enfrentan a diez meses de prisión por un presunto delito de desobediencia. Las obras de la urbanización continuaron tras ser precintadas

Ocho directivos de la promotora Progen S. A. y la constructora Construcciones Brues S. A. se sentarán el próximo 16 de enero en el banquillo de los acusados para responder de una acusación de un delito de desobediencia por el que el Ministerio Fiscal pide que se les condene a 10 meses de cárcel a cada uno. Los acusados son Antonio P. G., Juan José Z. I., Miguel G. C., Salvador S. C., Manuel Venancio S. P., Guillermo Ramiro V. P., Jesús Z. A. y Miguel L. L.

Tras varios años de investigación en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Eivissa, la Fiscalía de Medio Ambiente considera que son los responsables de vulnerar el precinto dictado por el Consell Insular en la urbanización de es Pouet de Talamanca el 19 de agosto de 2000. Las obras continuaron minutos después de que la secretaria de la institución, un arquitecto técnico y un celador de obras acudieran al lugar para hacer efectiva la paralización de las obras y la maquinaria, tras numerosos requerimientos por parte del Consell.

La urbanización de es Pouet fue aprobada por la comisión de gobierno de Santa Eulària el 26 de julio de 1999. Sin embargo, el Consell Insular, bajo el mandato del Pacto Progresista, aprobó una moratoria urbanística el 28 de julio de 2000 con el fin de asegurar la viabilidad del Plan Territorial Insular que, en esos momentos, el equipo de gobierno empezaba a tramitar. Esta Norma Territorial Cautelar paralizaba numerosas urbanizaciones, entre ellas la de es Pouet.

El 4 de agosto de 2000, la presidencia del Consell notificó a los promotores de esta urbanización (Progen S. A., Brues S. A. y Wallis 21 S. L.) y a los arquitectos de las obras (Antonio Huertas y Javier Magriñá) que la urbanización debía quedar paralizada.

El 16 de agosto de 2000 se dictó otro decreto de Presidencia mediante el que se ordebaba la suspensión de las obras de es Pouet, otorgando un plazo de 24 horas para que se paralizasen. Este decreto también fue notificado a los promotores, arquitectos y constructores, según recoge el escrito de acusación del fiscal. Ante el incumplimiento de este decreto de suspensión, el 18 de agosto de 2000 el Consell dictó una resolución en la que ordenaba la ejecución forzosa de la suspensión de las obras y establecía que debía ser precintada. Al día siguiente, a las diez de la mañana, tres funcionarios del Consell acudieron a precintar las máquinas y las instalaciones, pero quince minutos después, las obras continuaron y se arrancó el precinto. El fiscal considera que los responsables de esta infraccción fueron la empresa promotora (Progen S. A.) y la constructora (Brues S. A.), por lo que ha formulado acusación por desobediencia contra ocho de sus directivos.
Archivo para otros nueve imputados

EIVISSA | P. P.
La Fiscalía ha decidido que se archiven las diligencias abiertas contra otros nueve imputados por esta causa. En concreto, considera que el responsable de Wallis 21 S. L., Juan Lladó, no participó en la decisión de continuar las obras. Además, los trabajos de urbanización se estaban realizando en las parcelas de Progen S. A.

Tampoco acusa a los arquitectos Antonio Huerta y Javier Magriñá porque, según declararon, estaban de vacaciones, por lo que desconocían la orden de paralización y no participaron en la decisión de continuar las obras. Renunciaron a dirigir el proyecto en noviembre de ese mismo año.

También se archivan las causas contra Salvador Venteo Diza, Gerardo Samprimitivo Mellado y Pedro Timón Acedo porque sus empresas estaban subcontratadas por Brues S. A., por lo que no consta que estuviesen al tanto de la situación jurídica de la constructora con el Consell.

En cuanto a otros tres hombres que fueron imputados en su día, Emilio Álvarez López, José María Arregui Aramburu y Manuel Encio Martínez, se han archivado las causas porque, aunque tenían cargos en las empresas acusadas, «no hay indicios racionales sólidos que permitan acusarles del delito de desobediencia», según razona el Ministerio Fiscal.

2005-11-20 | Etiquetes: | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

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