(Diario de Ibiza, 15/10/2005)

sant josep | j. ll. ferrer
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado a los propietarios de los apartamentos ilegales Pimar, situados cerca de Port des Torrent, que derriben la totalidad del edificio en el plazo máximo de un mes a partir de ahora, en vista de la imposibilidad de legalizar dicha construcción, que arrastra un largo historial de denuncias y sanciones.

Según la resolución de la junta de gobierno municipal, se deberá «impedir el uso del edificio convertido en 17 apartamentos sin autorización» y se concede al propietario «un plazo de diez días para que proceda al desalojo del inmueble, ya que según los informes técnicos, aparentemente uno de los apartamentos está ocupado». El Ayuntamiento advierte de que procederá, una vez transcurrido dicho plazo, «al precinto de los citados apartamentos».

En cuanto a la demolición, el acta de la junta de gobierno acuerda «ordenar a la entidad Si-pla-cu SL, actual propietaria de las edificaciones objeto del expediente, la demolición del local realizado sin licencia municipal de obras, dado que, a día de hoy, no se ha demolido a pesar de que se concedió licencia para ello».

Tras otorgar un plazo de un mes para el derribo, el Ayuntamiento advierte a la sociedad de Fernando Ferrer de que, «en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento lo ejecutará subsidiariamente», según prevé la normativa vigente, aunque con cargo al infractor.
El mismo acuerdo añade que todo este proceso será inscrito en el Registro de la Propiedad para que conste públicamente, y en especial ante cualquier hipotético comprador, la situación en que se encuentra este inmueble.

Sin solicitud de legalización

La decisión de derribar el edificio se adopta después de que el Consistorio otorgara un plazo de dos meses, en mayo de 2005, para que la promotora presentara una propuesta de legalización de las obras realizadas sin licencia. Sin embargo, dicho plazo se agotó sin que «conste que se haya solicitado ninguna licencia», señala el Ayuntamiento de Sant Josep.

Por otra parte, el equipo de gobierno ha examinado también las alegaciones que había presentado la sociedad propietaria y, dado que «no desvirtúan los hechos a que se refiere el expediente», se decide rechazarlas.

Los vecinos expresaron ayer su satisfacción por la culminación administrativa del proceso y confiaron en la rápida demolición.

Hacia el final de un largo proceso

sant josep | j. ll. f.
El expediente por infracción urbanística de este edificio se abrió en octubre de 2002 y conllevó el precinto cautelar de los apartamentos y la imposición de una sanción de 184.000 euros.

En marzo de 2004 el Ayuntamiento denunció ante los juzgados la rotura de los precintos y constató que, de los 17 apartamentos, había 14 que estaban ocupados.

Los vecinos aseguraron entonces que los nuevos inquilinos son «inmigrantes ilegales, sin papeles» y se quejan porque, «desde que se rompió el precinto, se ha incrementado la delincuencia, los robos en las casas e incluso de animales. Les han quitado las cabras a los payeses y luego los hemos visto haciendo torradas en la terraza».

La actitud de Fernando Ferrer indignó tanto a los residentes de la zona como al Ayuntamiento, que finalmente se dispone a hacer efectivo el derribo. Con anterioridad, el Consell Insular ya persiguió administrativamente este local como negocio turístico ilegal, sin conseguir su cierre definitivo.