(Diario de Ibiza, 15/06/2005)
Por tercera vez en poco tiempo, el alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, deberá comparecer en calidad de imputado ante la juez por un presunto delito urbanístico. La magistrada que instruye el caso de las siete viviendas ilegales de Can Castelló, impulsadas por una trama de especuladores de Santa Eulària, ha citado al alcalde y a un técnico municipal para mediados de julio. La Fiscalía observa un presunto delito sobre la ordenación del territorio.

Eivissa | Joan Lluís Ferrer
La titular del juzgado de primera instancia número 2 de Eivissa, Susana González de la Varga, ha acordado la comparecencia en calidad de imputado del alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, así como de un técnico municipal, en relación con las diligencias penales abiertas por las obras de Can Castelló, que podrían constituir un delito contra la ordenación del territorio.

La citación de Vicente Guasch como imputado, que tendrá lugar a mediados del próximo mes, constituye la tercera comparecencia que se verá obligado a afrontar el alcalde por presuntos delitos de tipo urbanístico y ambiental en los últimos años. Con anterioridad, Guasch ha sido imputado en los casos de la urbanización ses Torres de Talamanca y la cantera de ses Planes.
Los hechos por los que deberá declarar ante la juez se remontan a hace más de tres años, cuando el grupo del Pacto Progresista de Santa Eulària denunció la realización de obras ilegales en Can Castelló, un paraje situado cerca del campo de Golf Ibiza. En concreto, se trataba de siete viviendas que no cumplían los requisitos legalmente exigidos. La instrucción de la causa ha revelado la existencia de permisos otorgados por el Ayuntamiento, cuando las normas aplicables impedían conceder autorizaciones en ese emplazamiento.

La notificación de la comparecencia de Guasch y del técnico municipal que informó las obras ha sido remitida por exhorto al juzgado de paz de Santa Eulària, y de allí se ha remitido al Ayuntamiento.

La instrucción dirigida por Susana González de la Varga comenzó hace más de dos años y durante todo este tiempo han ido declarando, en calidad de testigos e imputados, numerosas personas relacionadas con el caso, incluida la mujer de Santa Eulària que encabezaba la trama ilegal dedicada a la construcción de estas y otras viviendas que no cumplían las leyes aplicables.

Una larga polémica urbanística que podría acabar en juicio

EIVISSA | J.LL.F.
Las siete obras de Can Castelló dejaron al descubierto la existencia de una trama urbanística ilegal que construía obras de forma irregular en numerosos puntos del municipio de Santa Eulària. Can Castelló, el Puig d´en Pep -junto a Siesta-, es Figueral o es Canar son algunos de los puntos donde se han denunciado y expedientado casas construidas por este grupo, gracias a las privilegiadas conexiones con que cuenta en administraciones y empresas clave para terminar edificando casas. El número de viviendas ilegales impulsadas por dicha trama asciende a 17.

Finalmente, la instrucción de las diligencias ha evidenciado indicios de implicación en los hechos de los propios responsables municipales, por lo que han sido citados como imputados para que expliquen su actuación al respecto.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Santa Eulària afirmó hace más de dos años haber abierto expedientes sancionadores contra casi todas las construcciones ilegales de esta trama de especuladores, pero, finalmente, no ha llegado a producirse demolición alguna, a pesar de que gran parte de las obras no eran legalizables.

El grupo del Pacto Progresista en el Ayuntamiento de Santa Eulària ha denunciado reiteradamente los vínculos entre los responsables municipales y los promotores de dichas viviendas, que aparecen incluidos en otras causas penales que actualmente estudian los juzgados.

La oposición atribuye también a esta causa la inactividad municipal en el control y erradicación de las infracciones cometidas durante los últimos años.