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Sant Antoni: el abogado de Cretu niega que la obra se apartara del proyecto aprobado |
(Diario de Ibiza, 21/05/2005)
El fiscal Manuel Campoy añade el informe del Ayuntamiento de Sant Antoni a las diligencias abiertas por un posible delito urbanístico en este caso. No descarta nuevas solicitudes de comparecencias
eivissa | j. ll. ferrer
El abogado de Michael Cretu, promotor de la obra ilegal construida en la cima de un monte protegido de Santa Agnès y que tiene sentencia judicial de derribo, aseguró ayer que discrepa del informe jurídico del Ayuntamiento de Sant Antoni que admite que la construcción se apartó del proyecto aprobado y, pese a ello, obtuvo el certificado de final de obra por parte del Consistorio.
A juicio del letrado Jaume Roig, «los parámetros delimitadores de la vivienda son los que en su día se autorizaron». «No comparte este criterio [del Ayuntamiento]. Fue todo exquisitamente fiscalizado, no sólo por el Ayuntamiento y los técnicos, sino también por el Consell, y no olvidemos que esta institución, presidida entonces por Pilar Costa, otorgó la correspondiente cédula de habitabilidad».
Dicha cédula «sólo se da cuando la obra se ajusta escrupulosamente a la ley, y más cuando ha sido una construcción superfiscalizada», agregó Jaume Roig.
Sobre la observación que hace el informe jurídico municipal cuando asegura que hay partes de la construcción que se han realizado sin tener licencia municipal, el abogado del compositor rumano afirmó a este periódico: «Es que yo creo que no hay obras hechas sin licencia. Se han hecho todas legalmente», incluidos bancales, paredes y otras actuaciones menores. «Todo esto está incluido en distintas licencias», manifestó.
Por otra parte, en relación a este mismo caso el fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Manuel Campoy, confirmó ayer que el Grup d?Estudis de la Naturalesa (GEN) le hizo llegar ayer mismo una copia del informe emitido por el asesor jurídico del Ayuntamiento de Sant Antoni. El fiscal afirmó que ha decidido unirlo a las diligencias penales que se habían abierto con anterioridad sobre el caso Cretu por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El juzgado que dirige Juan Carlos Torres es el que instruye el caso, pero, pese al tiempo transcurrido -casi un año-, dicho magistrado todavía no ha acordado la comparecencia de las dos personas que había solicitado la Fiscalía: el propio Michael Cretu y el arquitecto que redactó el proyecto de la mansión.
Campoy indicó que «se valorarán nuevas actuaciones» tendentes a aclarar los indicios de delito que se observan en la actuación municipal. Tampoco descartó que solicite al juez la declaración de otras personas relacionadas con este caso. Antonio Marí Tur era alcalde cuando se otorgó la licencia.
En la actualidad, la sentencia de derribo de la mansión de Santa Agnès está pendiente de su confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que debe emitir una resolución en los próximos meses, la cual ya no será recurrible y tendrá, por tanto, el carácter de definitiva.
Ante la eventualidad de que la sentencia confirme la obligación de derribar la casa, el Ayuntamiento ha constatado que sería el propietario quien debería asumir las indemnizaciones, al haber incumplido el proyecto de obras y la licencia aprobadas en su día.
El fiscal Manuel Campoy añade el informe del Ayuntamiento de Sant Antoni a las diligencias abiertas por un posible delito urbanístico en este caso. No descarta nuevas solicitudes de comparecencias
eivissa | j. ll. ferrer
El abogado de Michael Cretu, promotor de la obra ilegal construida en la cima de un monte protegido de Santa Agnès y que tiene sentencia judicial de derribo, aseguró ayer que discrepa del informe jurídico del Ayuntamiento de Sant Antoni que admite que la construcción se apartó del proyecto aprobado y, pese a ello, obtuvo el certificado de final de obra por parte del Consistorio.
A juicio del letrado Jaume Roig, «los parámetros delimitadores de la vivienda son los que en su día se autorizaron». «No comparte este criterio [del Ayuntamiento]. Fue todo exquisitamente fiscalizado, no sólo por el Ayuntamiento y los técnicos, sino también por el Consell, y no olvidemos que esta institución, presidida entonces por Pilar Costa, otorgó la correspondiente cédula de habitabilidad».
Dicha cédula «sólo se da cuando la obra se ajusta escrupulosamente a la ley, y más cuando ha sido una construcción superfiscalizada», agregó Jaume Roig.
Sobre la observación que hace el informe jurídico municipal cuando asegura que hay partes de la construcción que se han realizado sin tener licencia municipal, el abogado del compositor rumano afirmó a este periódico: «Es que yo creo que no hay obras hechas sin licencia. Se han hecho todas legalmente», incluidos bancales, paredes y otras actuaciones menores. «Todo esto está incluido en distintas licencias», manifestó.
Por otra parte, en relación a este mismo caso el fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Manuel Campoy, confirmó ayer que el Grup d?Estudis de la Naturalesa (GEN) le hizo llegar ayer mismo una copia del informe emitido por el asesor jurídico del Ayuntamiento de Sant Antoni. El fiscal afirmó que ha decidido unirlo a las diligencias penales que se habían abierto con anterioridad sobre el caso Cretu por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El juzgado que dirige Juan Carlos Torres es el que instruye el caso, pero, pese al tiempo transcurrido -casi un año-, dicho magistrado todavía no ha acordado la comparecencia de las dos personas que había solicitado la Fiscalía: el propio Michael Cretu y el arquitecto que redactó el proyecto de la mansión.
Campoy indicó que «se valorarán nuevas actuaciones» tendentes a aclarar los indicios de delito que se observan en la actuación municipal. Tampoco descartó que solicite al juez la declaración de otras personas relacionadas con este caso. Antonio Marí Tur era alcalde cuando se otorgó la licencia.
En la actualidad, la sentencia de derribo de la mansión de Santa Agnès está pendiente de su confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que debe emitir una resolución en los próximos meses, la cual ya no será recurrible y tendrá, por tanto, el carácter de definitiva.
Ante la eventualidad de que la sentencia confirme la obligación de derribar la casa, el Ayuntamiento ha constatado que sería el propietario quien debería asumir las indemnizaciones, al haber incumplido el proyecto de obras y la licencia aprobadas en su día.