(Diario de Ibiza, 20/05/2005)

El Ayuntamiento de Sant Antoni certificó en el año 2000 que la mansión de Michael Cretu en Corona terminó las obras cumpliendo fielmente el proyecto y la licencia. Sin embargo, un informe emitido por los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento admite ahora que «no parece que las obras ejecutadas se correspondan con la descripción que se hacía en la memoria del proyecto», a pesar de «haberse certificado sin reparos su terminación por los servicios técnicos municipales». Los ecologistas del GEN, que divulgaron este informe, interpretan que el Consistorio trata de evitar el pago de indemnizaciones.

Eivissa | Joan Luís Ferrer
Un informe jurídico emitido en abril a petición del Ayuntamiento de Sant Antoni admite que la construcción de la mansión de Michael Cretu en la cima de un monte de Santa Agnès se apartó de lo que figuraba en el proyecto y que, a pesar de ello, la Corporación municipal firmó el certificado de final de obra, en el que aseguraba que la edificación se ha terminado «cumpliendo las condiciones exigidas en la licencia municipal».

El informe jurídico, elaborado por el letrado que suele asesorar al Ayuntamiento de Sant Antoni, es el que recientemente sirvió de base al equipo de gobierno para pedir al juez que lleva el caso Cretu que legalice la obra y evite su demolición. De hecho, el dictamen -divulgado ayer por los ecologistas del GEN- considera viable esa legalización, pero en el transcurso de su argumentación desvela que el Ayuntamiento certificó el final de obra de forma irregular.

En concreto, el letrado del Ayuntamiento afirma: «No parece que las obras ejecutadas se correspondan por su emplazamiento con la descripción que se hacía en la memoria del proyecto», y ello a pesar «de haberse certificado sin reparos su terminación por los servicios técnicos municipales».

Final de obra controvertido

El final de obra fue emitido el 2 de junio de 2000, cuando era alcalde Antonio Marí Tur. El certificado avalado por el aparejador municipal y la entonces concejala de Urbanismo afirmaba: «Examinadas las obras terminadas de referencia, se ha podido comprobar que las mismas han sido ejecutadas de acuerdo con los expedientes P-31/97 y I-204/2000, aprobado por la comisión de gobierno de 25-4-97 y 26 de mayo de 2000, cumpliendo las condiciones exigidas en la licencia municipal de obras». El mismo certificado de final de obra aludía a algunas modificaciones efectuadas durante la ejecución de la obra, pero «tales modificaciones no alteran la morfología ni la distribución interior de las distintas dependencias que conforman la vivienda, ni representan aumento de volumen y cumplen las condiciones exigidas en la licencia municipal de obras».

El informe emitido ahora por el abogado municipal asegura además que existen «otras posibles actuaciones en la finca que pueden no haber sido objeto de licencia alguna». Por ello, «todo aquello que no estuviera amparado en la correspondiente autorización administrativa o que excediera de sus límites y condiciones no sería nunca susceptible de ser demandado al Ayuntamiento» a la hora de reclamar indemnizaciones económicas.

Estos hechos «trasladarían directamente al promotor la eventual responsabilidad por la nulidad declarada judicialmente», agrega el dictamen jurídico del Ayuntamiento.

GEN: «Intentan evitar indemnizaciones»

El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), interpretó ayer que «el Ayuntamiento considera probable una nueva resolución judicial contraria a la legalización de la edificación y es por ello que ha empezado a reconocer las irregularidades de la obra, con la finalidad de evitar pagar indemnizaciones a Baloo Music [la promotora de Cretu] por el derribo de la mansión». El GEN afirma en un comunicado que «no sólo se había dado el final de obra con la certificación de que las obras eran conformes con el proyecto autorizado, sino que [el Ayuntamiento] también había reiterado este punto mediante una comunicación remitida al GEN en noviembre de 1999». Entonces, cuando este grupo pidió la revisión de la licencia, «el Ayuntamiento no sólo defendió la legalidad de la licencia, sino también que las obras se habían realizado conforme al proyecto autorizado, cosa que ahora pone en duda el informe jurídico». | J. Ll. F.

José Sala: «Yo no estaba cuando sucedió todo esto»

Eivissa | J. Ll. F.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, cuando le fue preguntada su opinión sobre el hecho de que el informe jurídico que encargó advierta de que las obras no respetaban el proyecto y, sin embargo, se le concedió el final de obras, afirmó: «El informe apunta algo de esto, lo que pasa es que no entra a fondo en esto, porque no es el objeto de este informe», que se centra sobre todo en la posibilidad de legalizar la vivienda aplicando la disposición adicional 18 de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2004, aprobada por el Parlament para amnistiar esta y otras viviendas ilegales.

«El informe habla de las circunstancias concurrentes en la legalización y habla de que hay algunas cosas que se han incluido en el proyecto de legalización que tal vez no eran exactamente lo mismo que había en la licencia de la casa, pero hay que tener en cuenta que había varias licencias, no sólo la de la casa, había de unas vallas, un camino, unos bancales... y, claro, este señor lo ha incluido todo. Ahora bien, ya veremos. Nosotros no pagaremos más que lo que se haya hecho con licencia», manfiestó Sala.

Sobre el motivo por el cual el Ayuntamiento dio el final de obra si la obra incumplía el proyecto, Sala respondió: «No lo sé. Yo ni estaba en el Ayuntamiento ni sé nada». Además, «esto es algo que se apunta de pasada, la conclusión no es esa».

Tampoco se atrevió Sala a defender la correcta actuación del equipo de gobierno municipal al conceder el final de obra: «No, yo no me atrevo a decir nada», manifestó.

«Parece que todo el mundo está preocupado porque no se pague más de la cuenta. Pero que nadie se preocupe: si llega el momento de pagar sólo pagaremos lo que esté amparado en licencia», recalcó.