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Llucmajor: absuelven al alcalde de un delito de prevaricación por no parar unas obras en un área protegida

(Diario de Mallorca, 12/05/2005)

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La jueza Magdalena Ferreté, titular del juzgado de lo penal de Palma, ha absuelto al alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs Munar (del Partido Popular) de un presunto delito de prevaricación, imputado por un vecino de la localidad y derivado de la no paralización de las obras de una supuesta "planta" de venta de agua en camiones cuba construida en una zona protegida de la localidad y con calificación de ARIP (Área de especial Interés Paisajístico). Junto a Tomàs se sentó en el banquillo el pasado 24 de enero el empresario Miguel S.G., propietario de la finca y que también ha sido exculpado de un delito contra la ordenación del territorio, al construir sin licencia toda la infraestructura para explotar un pozo situado en la citada área protegida.

Los hechos objeto de sentencia se remontan a septiembre y octubre del 99 cuando un vecino denunció ante el Ayuntamiento y ante el Seprona de la Guardia Civil (la unidad especializada en delitos contra el medio ambiente) la construcción en una finca próxima a la Marina de Llucmajor de un gran estanque, un cargadero de agua y una caseta para una instalación eléctrica con la que alimentar el bombeo del agua del pozo y su trasvase a las cubas.

La fiscal resaltó a lo largo del juicio la imposibilidad legal de que en un ARIP se puedan construir este tipo de infraestructuras y el hecho de que para habilitar la "planta" de llenado se tuviera que talar varios árboles, derribar parte de un muro de pared seca y hacer una explanada mediante excavadoras.

El empresario del sector de venta de agua, defendido por Higinio Muñoz, había solicitado al Ayuntamiento licencia de obras para construir un aljibe destinado a usos agrícolas. Cuando en octubre del 99 intervino el Seprona los trabajos ya estaban bastante avanzadas y no tenían permiso del Ayuntamiento.

El alcalde, que está defendido por los abogados Rafael Perera y Bernat Garcías, fue acusado de no firmar un decreto de paralización de las obras que fue redactado por los técnicos y no llegó a ejecutarse. El Ayuntamiento finalmente dio licencia para el estanque, tras conminar al empresario para que derribara una plataforma de hormigón habilitada como zona de carga de las cubas, la caseta de electricidad y otros elementos no legalizables.

La sentencia declara "patente" que el alcalde no prevaricó en relación a este expediente de obras ilegales, dados los informes emitidos por la comisión de urbanismo y por el técnico municipal. El fallo puede recurrirse ante la Audiencia.

2005-05-12 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

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