(Diario de Ibiza, 30/04/2005)

El Ayuntamiento de Sant Antoni decidió ayer reafirmarse en su convicción de que la casa de Michael Cretu de Santa Agnès puede ser legalizada y enviará los informes necesarios a los jueces que llevan el caso. Sin embargo, el equipo de gobierno evitó conceder la licencia de legalización y optó por supeditar su otorgamiento a lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que en breve debe emitir la sentencia definitiva sobre el caso.

sant antoni | joan lluís ferrer
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni examinó ayer la documentación presentada por el compositor rumano Michael Cretu para intentar legalizar su mansión de Santa Agnès -con orden judicial de derribo- y acordó informar favorablemente esta solicitud, pero sin llegar a otorgarle la licencia necesaria para ello. El alcalde, José Sala, explicó que el equipo de gobierno está convencido de que procede legalizar la casa, pero alegó que, en vista de que la última sentencia judicial opone claros reparos a esta posibilidad, la concesión de la correspondiente licencia queda supeditada a la sentencia que próximamente emitirá el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) para resolver el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y el propio Cretu contra la orden de demolición.

José Sala explicó a los periodistas: «Hemos contrastado la documentación presentada por el promotor de cara a la legalización de la vivienda. Habíamos pedido los correspondiente informes jurídicos y técnicos que acreditan que [la solicitud de legalización] cumple con los requisitos establecidos por la Disposición Adicional 18 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos de 2003, que permitió estas legalizaciones».

«Por tanto -agregó Sala-, hemos puesto de manifiesto que nosotros consideramos que procede darle esta legalización. No obstante, como hay una resolución judicial que, pese a que no es firme, está en vigor, es aplicable y es ejecutiva, lo que nos impide darle la licencia. Dejamos la decisión de concederla o no a la espera de lo que resulte del recurso interpuesto ante el TSJB». El Ayuntamiento decidió también poner en conocimiento tanto del TSJB como del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma esta decisión.

Sala admitió que el visto bueno dado ayer por el Ayuntamiento «puede quedar en agua de borrajas si el TSJB confirma su anterior auto», que obliga a demoler. Pero si, por el contrario, lo revoca, ya sólo tendrían «que dar la licencia». «Nosotros hemos despejado el terreno», agregó.

En todo caso, la sentencia que emitirá ahora el TSJB «no será recurrible», afirmó el alcalde.
El alcalde confirmó que, en cumplimiento de lo exigido por la ley para legalizar la obra, Cretu ha fijado como fianza una hipoteca sobre toda la vivienda en favor del Ayuntamiento. En su solicitud de legalización también prevé sustituir la vegetación tropical plantada en la finca por árboles y plantas autóctonas.

El último cartucho para evitar la demolición de la mansión

sant antoni | j. ll. f.
Después del auto emitido el año pasado por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, en el que se reafirmaba la necesidad de demoler la mansión de Michael Cretu, el Ayuntamiento de Sant Antoni y el promotor presentaron un recurso, que deberá ser resuelto ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Contra la sentencia que emita el TSJB ya no cabrán nuevos recursos, según confirmaron ayer tanto el alcalde de Sant Antoni, José Sala, como los ecologistas del GEN, organización que interpuso la demanda judicial contra la vivienda de Cretu.

De este modo, la decisión que emita el tribunal balear puede suponer el punto y final a una polémica iniciada en 1996, cuando se concedió la licencia de obras por parte del Ayuntamiento, y que fue declarada ilegal por los juzgados en 2001, con obligación de derribo.

Desde entonces, el Ayuntamiento y Michael Cretu han iniciado un auténtica carrera para evitar la ejecución de esta sentencia, que ha ido siendo sucesivamente confirmada por los tribunales.

El GEN, que el día anterior había pedido al Ayuntamiento que no otorgara la licencia de legalización, ha pedido reiteradamente al Consistorio que no retrase más el derribo de la mansión, de 1.075 metros cuadrados, al considerar que «sólo se está derrochando innecesariamente dinero público, intentando evitar lo que es inevitable».

El juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma consideró que la disposición adicional 18 de la Ley de Acompañamiento no sirve en realidad para legalizar la mansión de Michel Cretu.