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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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La presión urbanística en suelo rústico cae en la Isla a mínimos históricos

(Última Hora, 7/01/2005)

2004 se cierra con 268 peticiones para construir viviendas unifamiliares en el campo

NEKANE DOMBLÁS
Las peticiones para construir una vivienda en suelo rústico han caído a su mínimo histórico. Durante 2004 tan sólo se presentaron 268 solicitudes en el Consell de Mallorca, la cifra más baja de la historia de la institución insular, según los datos facilitados por el conseller de Territori del Consell, Bartomeu Vicens. Ni siquiera en los primeros años de gestión del territorio por parte de la institución insular se habían alcanzado unas cifras tan bajas como las del ejercicio anterior.

En 1993, primer año de que el Consell dispone cifras ciertas, el número de solicitudes para construir una vivienda unifamiliar en el campo fue de 283, un 5'5 por ciento más que las cifras correspondientes a 2004. Mayor diferencia existe con algunos años que han marcado la punta de construcción en el campo. Es el caso de 1996, año que en se presentaron 870 solicitudes o de 1999, con un récord histórico de peticiones anuales cifrado en 1.289 solicitudes.

Las razones del descenso

El conseller d'Ordenació del Territori del Consell considera que este descenso en el número de solicitudes para construir en el campo se debe básicamente a las medidas proteccionistas adoptadas por la institución insular, y en su día por el Govern, que han permitido aumentar la parcela mínima para edificar en numerosas zonas de Mallorca. Sin embargo, a la contra, también estas medidas protectoras han tenido efectos negativos sobre la protección territorial.

Bartomeu Vicens destaca, por ejemplo, que los dos grandes picos de solicitudes de urbanización coinciden, curiosamente, con las dos grandes medidas de protección adoptadas en su día. La punta correspondiente al año 1996 coincide con la aprobación de la Ley de Suelo Rústico, que elevó la parcela mínima para urbanizar de 7.000 a 14.000 metros cuadrados. La punta correspondiente a 1999 coincide con la llegada al Govern del Pacte de Progrés y sus medidas urgentes adoptadas en materia de territorio.

Prudencia en las medidas

Para el conseller de Territori del Consell, la aparición de estas dos puntas de edificación debe servir de lección a los políticos. "Comenzar a realizar promesas mediáticas en materia de protección del territorio trae como consecuencia lo contrario de lo que se persigue: la alarma de los ciudadanos que se dan más prisa para pedir autorización ante el anuncio de que se aumentarán las restricciones", afirma Vicens.

Por esta razón, desde su punto de vista, los políticos deben actuar con más prudencia a la hora de realizar según qué afirmación. En cualquier caso, para Vicens, la aprobación del Plan Territorial permitirá acabar con los vaivenes urbanizadores que se han producido en los últimos años. "Tenemos aprobado un Plan, que dará seguridad y confianza jurídica y que dota a Mallorca de un modelo estable que estabilizará el crecimiento y evitará la excesiva presión sobre el suelo rústico", consideró.

A pesar de que el descenso en la presión en suelo protegido es una "buena noticia" para el conseller, lo cierto es que desde el año 1995, un total de 6.535 personas de Mallorca han pedido autorización para construirse una vivienda en suelo rústico. A esta cantidad hay que añadir las más de 30.000 viviendas ilegales que se estima existen en Mallorca.

Muy relacionado con la edificación en suelo rústico se encuentran las estadísticas sobre urbanismo ilegal en Mallorca. Según los datos de que dispone el Consell, a lo largo de 2004 se abrieron un total de 128 expedientes que se saldaron con la imposición de 47 sanciones. La institución insular percibió 3'6 millones de euros en multas por urbanismo ilegal, lo que supone doblar las cifras correspondientes a 2003. A lo largo del pasado ejercicio económico se ordenaron 21 demoliciones de obras ilegales frente a las 17 ordenadas un año antes.

Si las cifras de peticiones para urbanizar están a la baja desde el año 1999, no sucede lo mismo con los expedientes de disciplina urbanística, que tienden al alza al menos en lo que respecta a la cuantía de las multas. De los 48.000 euros que se cobraron en 1998 se han pasado a los 3'6 millones del año pasado. En los últimos años, el Consell ha recaudado más de nueve millones de euros por este concepto.

A pesar de las constantes multas impuestas por la institución que preside Maria Antònia Munar y por el creciente aumento de la cuantía de las multas, en el Consell reconocen que todavía son muchos los ciudadanos que no han tomado conciencia de que hacer obras en sus casas sin tener los correspondientes permisos representa una ilegalidad que puede saldarse con una multa y con la demolición de las obras hechas sin licencia. De hecho, este es uno de los problemas a los que los representantes de UM querían poner coto con la aprobación del Síndic del Territori, una figura encargada de combatir este urbanismo ilegal.

2005-01-07 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

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