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Medio Ambiente detecta 110 vertidos incontrolados en zonas rurales

            (Diario de Mallorca, 21/04/2009) La Conselleria señala que el 75 por ciento de los escombros ilegales de 2008 corresponden a residuos de construcción y demolición

ROSA FERRIOL. PALMA. A pesar del acuerdo político entre instituciones para perseguir los vertederos incontrolados y aumentar la vigilancia, la realidad es que proliferan el número de denuncias de vertidos ilegales en zonas rurales. En 2008, la conselleria de Medio Ambiente registró un total de 110 vertidos, 16 más que el ejercicio anterior. Fuentes del departamento detallaron que el 75% de estos vertidos corresponden a residuos de construcción y demolición. Las mismas fuentes explicaron que llegaron a la conselleria más de 500 denuncias pero sólo 110 correspondían a vertidos incontrolados.

Varias fuentes consultadas coinciden en destacar que Artà, Santa Margalida, Muro, Alcúdia, Campos, Biniamar o Selva son algunos de los municipios mallorquines con mayores problemas por vertederos incontrolados. De hecho, este periódico ha tenido acceso a una denuncia registrada tanto en el Consell como a las conselleries de Comercio y Trabajo que se refiere a la "existencia de dos vertederos incontrolados para la recuperación y eliminación de residuos provenientes principalmente de la construcción como escombros, plásticos, cables, tuberías, etc." en la zona de Campos.

El denunciante aporta varias imágenes y filmaciones para tratar de probar que se trata de "un verdadero entramado industrial, perfectamente organizado como demuestra el amplio elenco de servicios ofrecidos a los clientes", a quienes se engaña haciendo referencia a Mac insular.

La denuncia pide el cierre de estos dos vertederos ilegales ya que, tal y como se describe en el documento, se observan los camiones en el momento del vertido, que vuelcan su carga en el extremo de un montículo de residuos sin protección, ni muelle de descarga "con claro riesgo de caída y precipitación por vuelco o desplazamiento del vehículo cuesta abajo". Se detalla que los trabajadores que operan en la zona no usan ninguna protección y pueden inhalar los gases de combustión de los residuos ilegales enterrados. Además, señala, hay un peligro para la salud de los trabajadores al no llevar ningún tipo de protección y estar en contacto con residuos tóxicos y peligrosos.

Otro informe apunta a una finca de Muro como otra zona donde existen canteras de áridos inactivas donde se depositan escombros mezclados, plásticos, restos de podas y residuos de construcción y demolición. Con este panorama, tanto los agentes de Medio Ambiente como el Seprona y los ayuntamientos han incrementado la vigilancia para frenar esta actividad. Según diversas fuentes consultadas, el origen de esta caótica situación surge con la creación de la planta de tratamiento de residuos sólidos del Consell, que, incongruentemente, consiguió el efecto contrario para la que se creó. Los promotores para ahorrarse las tasas que están obligados a pagar para depositar los desechos, prefieren verterlos en cualquier lugar.

La mayoría de infractores responde al perfil de pequeño promotor que aprovecha cualquier sendero de los extrarradios para depositar los desechos de su propia obra. Precisamente la gran cantidad de caminos rurales dificulta la detención del infractor. En caso de no localizar el autor del vertido, el responsable de retirar los escombros es el propietario del terreno. Las multas por esta práctica ilegal comprenden desde los 300 euros a los 3.000.

A pesar de que Santa Margalida es uno de los municipios con vertederos irregulares, el Ayuntamiento asegura que la actividad está "más o menos controlada", ya que ha incrementado la vigilancia. Toni Nadal es el técnico de Medio Ambiente y señala que el secreto es anticiparse a la denuncia. "Cuando detectamos la presencia de un residuo en un solar, lo retiramos e instalamos un cartel informando donde se pueden lanzar los escombros. Si hay residuos, la gente vierte otros", explica Nadal.

Un mayor control acompañado de una bajada de tasas

R.F.M. PALMA. Para combatir los vertidos ilegales, las instituciones han incrementado su vigilancia. Tanto los agentes de Medio Ambiente como el Seprona realizan más controles, ya que la prevención es el mejor remedio contra la proliferación de vertidos de escombros. Técnicos municipales resaltan que si se detecta un escombro en una finca, es necesario retirarlo para evitar que otros ciudadanos depositen sus desechos en la misma zona.

De hecho, la consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve, asegura que aunque su departamento no tiene competencias para sancionar dicha práctica ilegal, hay un acuerdo político entre todas las instituciones para perseguir esta actividad.

Esta vigilancia tanto del Govern como de las instituciones municipales viene acompañada de una bajada de la tarifa de residuos de construcción y demolición.

El Consell de Mallorca ha bajado un 20 por ciento dicha tasa con la finalidad de ayudar a uno de los sectores más perjudicados por la crisis económica pero también con el objetivo de incentivar la entrada de escombros en el sistema público y evitar los vertederos ilegales, que proliferan día tras día en distintos municipios de las islas.

La institución insular pretende con esta medida ayudar a los constructores a desarrollar un correcto tratamiento de los residuos de obra. Con los nuevos precios, los constructores se ahorran unos ocho euros por tonelada, ya que han pasado de pagar 51,66 a 43,35 euros

Julve explicó que los vertidos ilegales influyen de manera negativa en la tarifa para el tratamiento de residuos ya que la entrada de menos toneladas de escombros en el sistema público implica una subida de los precios. Por ello, la institución insular apostó por bajar la tasa para incentivar que lleguen más escombros a las plantas de tratamiento y evitar más vertederos incontrolados.

El nuevo director insular de Residuos, Francesc Puig, explicó que el objetivo de su departamento es lograr el "vertido cero" en 2011. Puig concretó que a finales del año que viene entrará en funcionamiento la nueva incineradora, que conllevará el cierre del vertedero de emergencia que hay en Son Reus.





		

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