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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Condenado por usurpar el dominio público con un embarcadero y muros que impiden el paso en Cala Comte

            (Diario de Ibiza, 5/07/2008)

El propietario de la vivienda deberá pagar una multa de 12.000 euros e indemnizar a Costas con otros 23.000 euros y restituir la zona a su estado natural. La juez destaca «el desprecio» del acusado a las órdenes de la Administración

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ La magistrada-juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Martínez de Arellano, ha condenado a Giacomo Ferreti, propietario de la vivienda (casa Can Embarcador) donde hace unos años veraneaba la modelo Elle Mc Pherson, en Cala Comte, por un delito de usurpación por ocupar de «manera excluyente y exclusiva» terrenos de dominio público marítimo-terrestre con un muro de 1,90 metros de longitud y 2,50 metros de altura, al margen de la construcción de bancales (también en la zona de dominio-público) para adornar la finca, una escalera en la roca, un embarcadero y diversas construcciones de hormigón sin contar con la autorización de la Demarcación de Costas.

Por estos hechos, la juez condena al propietario al pago de una multa de 12.000 euros, a indemnizar a la Demarcación de Costas de Balears con 23.000 euros, que es la cantidad con la que este organismo presupuestó las obras de demolición, restitución y reposición de los terrenos, con los intereses legales correspondientes, así como todas aquellas cantidades no incluidas en el presupuesto presentado y que sean necesarios para sufragar los gastos referidos a conceptos no previstos y necesarios para llevar a cabo la adecuación de la zona a su estado natural. La Fiscalía solicitaba una multa más cuantiosa (54.000 euros), lo mismo que la abogacía del Estado.

Cabe tener en cuenta que la Demarcación de Costas sancionó al propietario en 1998 por ocupar el espacio de dominio público con todos los elementos referidos y entonces ya le daba un plazo de dos semanas para derribarlo, mandato que no fue cumplido.

La sentencia sostiene que la alegación de que los muros y el embarcadero fueron construidos por el anterior propietario de la finca «en nada justifica» su conducta posterior al «despreciar las órdenes que le fueron dadas por Costas» impidiendo «el paso público peatonal y la circulación de vehículos de vigilancia y salvamento». «La imposibilidad del tránsito para las personas ajenas a la propiedad es de tal magnitud que cabe calificarla como abusiva respecto al resto de ciudadanos y prepotente por cuanto se opone y desoye de forma flagrante las resoluciones de la Administración pública.Tal conducta es merecedora no sólo de una repulsa social, sino también de una sanción penal.

Concesión caducada

El Ministerio de Obras Públicas dictó en 1980 una resolución en la que legalizaba las obras del embarcadero, dos plataformas de hormigón y las escaleras de acceso a las mismas, aunque advertía de que el plazo de concesión terminaba en 1995, con extinción automática de los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas. La juez argumenta que el acusado lo sabía y, además, dicha concesión, ya caducada, marcaba la condición de que las instalaciones fueran de uso público y gratuito, lo cual fue «incumplido» al impedir por medio del mantenimiento de los muros, cerramientos y bancales. «El acusado ha desobedecido de forma flagrante, consciente, persistente y permanente las resoluciones de Costas en los referidos expedientes sancionadores, convirtiendo en goce y uso particular, exclusivo y excluyente para cualquier que no fuera él mismo o personas autorizadas por él», sostiene la sentencia.





		

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