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Sant Josep: juicio en febrero por el embarcadero ilegal de Cala Comte

            (Diario de Ibiza, 12/11/2007)

La Fiscalía pide una pena de multa de seis meses de 300 euros diarios y el pago de la demolición de las obras al propietario del chalé donde veraneaba Elle McPherson

EIVISSA | E. R. El Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa juzgará en febrero del año que viene al propietario del chalé s´Embarcador, en Cala Comte, donde hasta hace unos años veraneaba Elle McPherson, una de las modelos más conocidas y cotizadas de la década de los 90, por un supuesto delito de ocupación ilegal por el uso y disfrute de un embarcadero, situado en la parte inferior del acantilado, que invade el dominio de Costas. El fiscal solicita una pena para el acusado de una multa de seis meses con una cuota diaria de 300 euros en aplicación del artículo 245.2 del Código Penal que castiga al que «ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular». También pide que el propietario de la vivienda abone a la Demarcación de Costas los gastos de la demolición y restitución de la zona a su estado original.

La Fiscalía mantiene que el acusado no ha hecho nada para retirar varios muros de dos metros y medio de altura y casi dos metros de longitud que invaden la zona de servidumbre de tránsito marítimo-terrestre y que impiden el paso de cualquier persona o vehículo, con un «total desprecio» de las órdenes que le fueron dadas desde la Demarcación de Costas.

El Ministerio Público añade que el propietario de la vivienda se ha servido de estos muros y cerramientos para convertir en «uso y disfrute particular y exclusivo» del embarcadero i un solárium, formados por dos plataformas de hormigón, a los que se puede acceder desde el chalé a través de unas escaleras.

La Demarcación de Costas autorizó en su día la construcción de dicho embarcadero, con una concesión cuya vigencia acabó en 1995, con la condición de que su uso fuera «público y gratuito», lo cual, según el fiscal, se ha incumplido al impedir, por medio del mantenimiento de los muros, cerramientos y bancales, el acceso a persona alguna. En octubre de 1994, Costas instruyó un expediente de sanción contra el propietario de la vivienda por carecer de autorización para la construcción de los muros y los cerramientos. Presupuestó el coste de la demolición, retirada de materiales y recogida de escombros, así como la restitución de la zona a su situación inicial, en la cantidad de casi 23.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa decretó el archivo de esta causa, en contra de la posición del Ministerio Público, al entender que se trataba de una cuestión administrativa entre Costas y el propietario del chalé y que la orden de demolición y la imposición de una multa coercitiva eran medidas suficientes para restablecer la legalidad. La Audiencia Provincial aceptó luego el recurso de la Fiscalía para llegar a juicio.





		

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