Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Ordenan eliminar una vivienda levantada hace años con un permiso para hacer una caseta de baños

(Diario de Mallorca, 31/07/2006)

F. ARMENDÁRIZ. PALMA.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) ha ratificado, en una reciente sentencia, la orden de supresión dictada por la Demarcación de Costas de Balears sobre una vivienda de casi 120 metros cuadrados construida, en el transcurso de muchos años, sobre un permiso para levantar, exclusivamente, una caseta de baños y un varadero en Sant Agustí (Palma).

Los hechos se remontan al tiempo de la II República cuando el ayuntamiento de Palma otorgó una primera licencia a una familia mallorquina para "construir dos habitaciones en un solar de su propiedad".

En mayo de 1944 el director general de Puertos y Señales Marítimas concedió a estos vecinos una autorización para habilitar en una zona de dominio público lindante con su finca sendas casetas de baños y varadero de embarcaciones menores.

Vigilante de Costas

En el más de medio siglo transcurrido desde entonces, la familia fue, con apoyo de sucesivas licencias de obras dictadas por el Ayuntamiento, modificando y ampliando aquella finca, donde se habilitaron varias viviendas. La familia ocupó aquellas casas con normalidad, hasta que en abril del 97 un vigilante de Costas les denunció por haber edificado una vivienda de 119 metros cuadrados sobre las antiguas casetas.

Reponer a su estado anterior

En junio del 97 el jefe de Costas dictó una resolución, ahora confirmada por los tribunales, en la que ordenaba a la familia que repusiera las cosas a su anterior estado, lo que conllevaba eliminar la vivienda ilegal.

Los afectados presentaron una demanda ante el TSJB y alegaron en su favor las sucesivas licencias municipales que amparaban las reformas efectuadas en sus terrenos.

Sin embargo, los magistrados dan la razón a Costas y declaran que la sanción impuesta se ajustó a derecho porque se habían ejecutado obras no autorizadas sobre zona de dominio público marítimo-terrestre.

La sentencia recuerda a los demandantes que "la concesión de una licencia municipal de obras no excluye la necesidad de recabar la correspondiente autorización de la Demarcación de Costas, cuando (...) dicha autorización resulte necesaria". La familia, en opinión del Tribunal Superior, incumplió las condiciones de la concesión administrativa del 44.





		

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